Colombia: conmemoración de la Masacre de Bahía Portete

El objetivo del Yanama fue acompañar a los sobrevivientes de la masacre y a todo el pueblo wayúu en su lucha por evitar que este acto violento caiga en la impunidad y el olvido. El genocidio “fue perpetrado por la estructura paramilitar en cabeza de Rodrigo Tovar Pupo conocido como Jorge 40, ayudado por Chema Bala o José María Barros y su sobrino Adrián Agustín Bernier Barros, incursión que cobró la vida de niños, mujeres, jóvenes, hombres, ancianas y ancianos y que a los sobrevivientes los forzó a vivir fuera de su territorio, muchos fuera del país, pero sin renunciar a su propósito de “salina, sed y esperanza de sentir las brisas del mar en un desierto propio”.

Recientemente, varias de las organizaciones que participaron del segundo Yanama hicieron público el informe de la misión, titulado “lágrimas de arena del desierto wayúu” que contó con el aval de la organización Wayúu Munsurat. En dicho documento, las organizaciones afirman que los actos de violencia en contra de los indígenas de la Guajira continúan y señalan una vez mas la conivencia entre militares y paramilitares.

De otra parte, denuncian que las acciones para proteger al pueblo wayúu por parte del gobierno nacional se limitaron a la militarización del territorio indígena, sin prestar atención a los posteriores asesinatos selectivos en contra de los wayúu, como fue el caso de Delia Epinayú, testigo de la masacre y asesinada por paramilitares en el mes de agosto de 2005.

“Tampoco el gobierno parece tener oídos para escuchar las amenazas que se levantan constantemente contra el pueblo WAYUU y sus líderes, pudimos observar que en una zona en donde sólo se encuentra el Ejército de Colombia “cuidando” las casas escenario de tortura, violación y muerte, ubicadas en medio de ese candente desierto de sal y arena, aparecieron pinturas obscenas que recuerdan las dejaciones y violaciones cometidas en contra de un pueblo digno, también vimos amenazas recientemente escritas en contra de su líder Débora Barros, quien ha luchado porque los terribles hechos en contra de su pueblo no queden en la impunidad y el olvido”.

“No es el genocidio de un pueblo ocurrido hace dos años, se sigue ejerciendo violencia física, moral y psicológica contra este pueblo, sin mayor reacción del gobierno que acercarse en el Yanama a ofrecer a través de una ONG ayuda psicosocial, luego de dos años de ocurrida la masacre, para ayudarlos a hacer el duelo y “superar” los efectos de la “pasada violencia”.

En el marco de la visita, los participantes pudieron constatar como en la zona militarizada por el gobierno se han ido desmantelando las viviendas indígenas, retirando tejas, tanques de agua y puertas, pretendiendo con ello “desdibujar del paisaje la memoria de la existencia de sus moradas”.

El desarraigo del pueblo wayúu y la perdida total de su territorio es un hecho real, ya que actualmente solo viven cuatro familias en Bahía Portete. El proceso de retorno de la población desplazada promovido por la Vicepresidencia de la República en el mes de septiembre de 2004, fue un falso retorno que “solo sirvió para traer personas que nunca habían habitado la región dando una falsa apariencia de preocupación por los sobrevivientes del genocidio”.

Otra de las preocupaciones es la presencia de multinacionales que desde hace más de veinte años vienen explotando los recursos de la península, sin que haya existido ningún tipo de retribución o beneficio para los indígenas. Por el contrario, este tipo de actividades han justificado la militarización y profanación del territorio ancestral, tal y como viene ocurriendo con Media Luna, en donde se han instalado cercas de alambre que impiden la libre circulación de los indígenas y los aísla del cementerio.