Chile: Impunidad y terrorismo de Estado

LA HUIDA
-¿Cuándo y por qué decide huir, si pudo alegar inocencia a través de un buen abogado?
-Nosotros no somos como aquel profeta de Pomaire (Jorge Bravo), que aparecemos destrozados junto a nuestra familia, alegando inocencia. Poseemos una historia de lucha que seguimos reivindicando, pese a todo. Pero eso acarrea un estigma legal que da cuenta, a todas luces, que falta mucho para que la bullada “reconciliación” tome cuerpo. “El que nada hace, nada teme”, no funciona, no corre para nosotros que luchamos contra la dictadura y contra este modelo de injusticias…
-¿En algún momento notó que lo seguían?
-Hasta el viernes 2 de noviembre salí de mi casa en la mañana, alrededor de las 07:30 con destino a mi trabajo. Previo a ello pasé por el Patronato de Reos para cumplir con la exigencia de firmar una vez a la semana, pues hasta ese momento gozaba de libertad condicional y no fui indultado, como se pretendió hacer creer en medio del vómito de acusaciones que surgieron luego del hecho. En dicho lugar me di cuenta de que ocurrían situaciones totalmente ajenas a la cotidianeidad del trámite, el que realicé sistemáticamente varios años.
-¿Y antes no sospechó nada? ¿No vio situaciones extrañas, como la que ocurrió ese día de la firma?
-Yo estaba al tanto de lo ocurrido a través de la prensa y de que se instalaba en la coyuntura nacional una situación de inseguridad, producto de un asalto a una sucursal bancaria y la posterior muerte de un funcionario de Carabineros. Frente a este escenario tomé la decisión, basado en anteriores experiencias similares, de no ingresar a firmar
-¿A qué se refieres con experiencias similares?
-Tomé la decisión de clandestinizarme basado en la experiencia de un hecho anterior, cuando fui acusado de un atraco (Banco Santander de Ñuñoa en 2003). Esa vez se basaron en fotografías tomadas por policías civiles, mientras yo estaba en la universidad (Arcis, donde estudiaba periodismo). En esas fotos un compañero de curso me pasó un equipo fotográfico y ellos dijeron que se trataba de armamento. Si te fijas, son similares características, y eso me significó un período de ocho meses de encarcelamiento injusto, pues quedó demostrado judicialmente mi completa inocencia de todos los cargos imputados y orquestados por la prensa de aquel entonces. Por esos hechos nadie ofreció disculpa alguna y mucho menos reparación para mí ni a mi familia.
-¿Y por qué lo inculpan?
-Entiendo que no soy un ciudadano intachable ante los ojos de esta sociedad. Como el resto de los compañeros que estuvieron en prisión y los que hoy son perseguidos, he debido asumir que soy un subversivo, que milité en una organización revolucionaria, y asumir con orgullo la responsabilidad de una opción y accionar que significó 12 años de prisión efectiva y el posterior control semanal de firmas. Ese procedimiento, por lo demás, estaba a cargo de un equipo multidisciplinario que constantemente chequeaba y corroboraba información relacionada con la totalidad de nuestras vidas y quehacer diario: dónde y con quién vivo; horarios de estudio y trabajo, situación económica familiar, entre otros aspectos. Todo eso forma parte de una política concreta y funciona respaldada por documentos y acciones que constan en la institución (Gendarmería) destinada a prestar apoyo en todo aquello que permita afianzar el complejo proceso de reinserción social.
-Pero usted ya había pagado con cárcel esa opción. ¿Por qué cree que lo persiguen?
-Esa es la pregunta que un poblador y la gente en general deben estar haciéndose. Vivimos en un supuesto Estado de Derecho donde los personajes se repiten y conforman cuadros inquisidores. Ahí tienes lo que ocurre con muchos compañeros de prisión política que hoy son requeridos por la justicia militar, que no se les reconoce los años de encarcelamiento, como ocurre con Flora Pavez o Pablo Contreras, por ejemplo (ex militantes Lautaro). En nuestro caso, se valen de un fiscal militar como (Roberto) Reveco, el mismo que no hizo justicia en el asesinato de los hermanos Vergara Toledo, para juzgar e incomunicar a civiles con las mismas prácticas y atribuciones del pasado. Y de una policía vestida de OS-9 o Dipolcar, que detuvo, incomunicó y torturó a principios de los ’90; que utilizó supuestos delatores, que como ocurrió con nosotros luego de octubre, se dio el trabajo de calzar imágenes de video casi con “forcep”, con fotos del Registro Civil de nuestras cédulas de identidad difundidas como en el viejo oeste; que todos estos meses le ha estado escupiendo en la oreja al fiscal (Andrés) Montes, lo que debe y no debe hacer para parecer efectivo, usando como chivo expiatorio a compañeros que vivieron la prisión política, como ocurre con Axel Osorio (uno de los tres acusados de ayudistas en el caso del atraco al Banco Security”.
-¿Está dispuesto a entregase si se dan las condiciones que reclama?
-¡Por ningún motivo! Todo este escenario, todo este montaje da cuenta de la imposibilidad de contar con un juicio justo, apegado a derecho, que permita establecer la realidad de fondo y no una pasada de cuenta que, incluso, legitima no sólo la prisión para los luchadores, sino además, la muerte, que creemos será el fin de esta persecución política que intenta acabar con nuestro pasado y presente subversivo, con quienes fuimos y somos protagonistas de esos procesos históricos.