Uruguay_Montevideo_Santa Catalina: brutalidad y represión policíacas sobre el pueblo

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“Lo que se perdió” es una vida por vivir, y la honrosa oportunidad de decir “renuncio porque el asesino impune es el sistema”…

Hay que decirlo de entrada para que nadie siga llamándose a engaño o engañando a los demás: la policía, también en el Uruguay, es una fuerza armada especial del Estado burgués, de carácter esencialmente represivo, que no existe para garantizar la “seguridad” de la población en general o para “educar” o “reeducar” a eventuales “descarriados” en el seno de la sociedad.

UNO

Su función real y primordial es la de intervenir activa y drásticamente para garantizar el amoldamiento poblacional a reglas de juego y premisas cotidianas de “convivencia social”, establecidas por la clase dominante y dadas por “buenas” o “normales” según una concepción de las relaciones sociales fundada en el llamado “principio de autoridad”, que no es otra cosa que la falacia de que, invariablemente, “la razón” y la potestad de decidir “por todos”, le asisten solamente a los que poseen el poder económico, político y militar y que disponen de él exclusivamente en atención a la defensa de su situación social privilegiada y de prebendas devenidas de una desigualdad que les es ostensiblemente favorable gracias, precisamente, al uso y abuso del poder.

Si tuviésemos que cortar grueso y destacar la “misión histórica” de las fuerzas policiales, habría que decir que ella es la de preservar relaciones humanas diarias, muy estrechas y permanentes, en las que prima el interés material lucrativo por encima de todo, y, en él, por supuesto, la defensa de la “sagrada propiedad privada”, que se nos trata de presentar como algo tan genérico, vago y “democrático”, que resultaría algo así como que los policías andan armados y habilitados a matar tanto como cuando un comando asalta un banco y se lleva un millón de dólares, como cuando a alguien le roban los calzoncillos o la gastada toalla de baño secándose en la cuerda de ropa.

El policía, para cumplir con el servicio de contribución cotidiana a un statu quo que no se salga de los carriles “normales” de una sociedad dividida y confrontada en clases, debe estar entreverado diariamente entre quienes no visten uniforme represivo alguno y no exhiben así nomás porte de arma alguna. Está entremezclado constantemente entre nosotros (los que ellos suelen llamar “pichis”), intimidando, vigilándonos, acechándonos, pronto para intervenir ante cualquier desliz “civil” que violente las reglas de juego imperantes, principalmente las que representan desconocer la sacralidad de la propiedad privada, mucho más que las que puedan representar la pérdida de vidas humanas (el correlato jurídico-penal de esto es que “paga” con más cárcel, en general, la rapiña o el hurto reiterado, que el homicidio mismo, al menos el ocurrido en circunstancias de apasionamiento exacerbado o algo semejante a las “cuestiones del momento”).

DOS

Por supuesto que un aspecto fundamental de esa función policial, consiste en intervenir toda vez que los trabajadores, según el criterio político-estatal puntual, “se excedan” en el ejercicio de sus derechos sindicales y recurran, en sus movilizaciones, a medidas de fuerza consideradas sólo en teoría (en los papeles y lo meramente declarativo) como una extensión del “derecho de huelga”. Intervendrán, por ejemplo, en una huelga con ocupación, aunque sólo por muy poco tiempo lo considerado “medios de producción” resulte inaccesible para los patrones; lo harán también si las medidas sindicales de fuerza (cortes de ruta, concentraciones en lugares muy poblados, etc.) le resultan molestas al Estado-Patrón o se las considera un “antecedente” de posible irradiación subjetiva hacia otros sectores de la sociedad en conflicto con el poder; tan es así, que no son pocas las ocasiones históricas en las que la policía intervino muy violentamente para desalojar centros de estudio ocupados por el alumnado o los docentes, aunque esto no afecte directamente la propiedad privada de nadie, pero sí represente un cierto desconocimiento del “principio de autoridad”.

Pasando raya –aunque quedarían por señalar otros aspectos “menores” del rol policial-, intimidar, amedrentar, reprimir, utilizar la violencia “autorizada” en las dosis determinadas por las “jerarquías correspondientes”, es el “métier” del aparato policial, acá o donde sea, dentro del esquema de poder y control social del Estado burgués. Esa es la función especial de esta fuerza especial de coerción-contención-represión, diseñada por y para la burguesía en su arquitectura de sometimiento y preservación ciudadana consuetudinaria del “orden” y la “seguridad” en tiempos de “paz social”.

TRES

Para cuando esta supuesta “paz social” se revela claramente inexistente y las tensiones sociales crecientes instalan como cosa cotidiana la “alteración del orden” y el “enrarecimiento” de los vínculos sociales fundados en el “principio de autoridad”; para cuando los conflictos propios de una lucha de clases salida de cauce (del cauce dictaminado por la burguesía), se agudizan y van adquiriendo carácter de situación permanente cuestionadora ya de los privilegios burgueses; para cuando la clase dominante no tiene más respuestas que la violencia estatal y ésta reclama un “profesionalismo” especial en el “arte” de reprimir y sofrenar la rebeldía popular, ahí está la otra, la fundamental, la gran fuerza especial y especializada en lo macro antipopular: las fuerzas armadas, el ejército, la marina y la fuerza aérea, cuya “misión histórica”, en los tres casos, es la protección de esa organización política de la clase dominante que es el Estado.

Estas fuerzas represivas “superiores” (más criminalmente entrenadas aun que las policiales en el oficio de la muerte y el atropello a los “pichis”), no están entremezcladas cotidianamente con la población; se las mantiene alejadas físicamente del pueblo, se procura que el represor militar no sea el vecino “común” que sí es el policía, y, particularmente en los países del capitalismo dependiente, por más que se pretenda mostrárnoslas al servicio de la defensa del territorio (la “patria”, la “república”, etc.), son fuerzas primordialmente dispuestas para la agresión bélica interna, y, por supuesto, están actuando no solamente en los momentos más críticos, sino permanente y solapadamente, en actividades de  “inteligencia” y de paciente y prolijo fichaje de “potenciales enemigos del sistema”, preferentemente los organizados y, entre éstos, aquellos que tengan cierto ascendiente en los ámbitos sociales en que ellos se mueven.

En definitiva, tanto las fuerzas policiales como las militares, existen sujetas rígida e indiscutiblemente, al servicio del pequeñísimo conjunto de individualidades que constituyen la clase dominante, resuelta a vivir de la inmensa mayoría de sus congéneres, explotándolos y oprimiéndolos o frenándoles en su desarrollo individual-colectivo a como dé lugar.

CUATRO

Abroquelados férreamente en su principal organización política, que no es otra que el mismo Estado y que aglutina y cohesiona todos los matizados intereses de la burguesía, por encima de partidos o cualquier otra organización corporativa o gremial, los dueños de los medios de producción (los centros de trabajo, la banca, la tierra, etc.) y administradores y gerentes del Estado, “su Estado”, son los jefes reales de todo el aparato represivo, aunque muchos de ellos no hayan visto siquiera un arma de fuego en toda su vida o vivan proclamando a los cuatro vientos ser enemigos de la violencia, “venga de donde venga”…

Y, ya que estanos en la situación que estamos especialmente luego de los lamentables hechos de Santa Catalina, conviene tenerlo presente para no caer en funestas ilusiones: cualquier otra versión sobre la “razón de ser” de la policía, por más progresista que ella pretenda ser, falseará la realidad de las cosas, si oculta este carácter fundamental de esta fuerza represiva especial del Estado. O sea, demandar “policías buenos, humanos, etc., etc.”, es directamente pedirle peras al olmo, pues nadie ingresa a esta fuerza especial si no evidencia claramente una nítida propensión “natural” al uso de la violencia y cierta disponibilidad homicida a flor de piel, al momento del “reclute” (el que más el que menos, conoce casos de chiquilines que arrimaron para ingresar, y que marcharon al no responder automáticamente a la pregunta de si eran capaces de recurrir a la muerte de un “civil”, en caso “necesario”).

CINCO

El Estado es una máquina eminentemente coercitivo-represiva por su propia naturaleza de organización destinada a consagrar ese “principio de autoridad” y hacerlo valer permanentemente, sin que nada ni nadie se atreva a cuestionarlo o combatirlo. Esla organización suprema de la clase dominante, lo es porque ella es la única organización “legal” (no hay ninguna otra, por cierto) que cuenta con lo que en primera y última instancia, define todo conflicto eventualmente ocurrible en el relacionamiento social altamente contradictorio pautado por reglas establecidas por esta misma clase:

Es el súper organismo “social”, porque dispone de todos los medios bélicos imaginables sobre los que descansa el poder político-económico mismo y a partir de los cuales se hacen efectivas esas misma “reglas de juego” hegemónicas.

Reiterémoslo: los veamos o no, den la cara o se oculten bajo inofensivos atuendos “civiles” y “civilistas”, los burgueses, los ricos, los patrones, los chupasangre, son los jefes de la policía también en el Uruguay.

SEIS

Valga lo anterior para no engrupirnos con las palabras de un ministro del interior que le pide “disculpas” a los deudos de Sergio Denis Lemos López y sus vecinos, pero que inmediatamente después nos dice que su “cartera” no puede garantizar que no se repita algo semejante a lo ocurrido el 4 de noviembre en Santa Catalina, con el asesinato de Sergio, y, poco después, con la verdadera asonada-provocación policial desplegada hasta la madrugada del día siguiente contra todo el mismo barrio escenario y testigo de la ejecución.

Hay que recalcarlo, aun a riesgo de que se repitan las irresponsables acusaciones de tremendismo radical y otras peores, salidas de una fiebre antipueblo que desdichadamente ha afectado incluso a alguna gente de pueblo:

1).- El pedido de “disculpas” se lo arrancó a Bonomi la furia colectiva y el dolor sin consuelo hecho potente exigencia de “justicia” de Santa Catalina, una barriada a la que la juventud “guaranga” y aparentemente “sin valores”, le mostró el camino sencillo y conmovedor de la dignidad callejera sin transas y de oídos sordos a la prédica mentirosa y rastrera que pretende convertir en “zona roja” a la zona en que el Estado dispuso instalar la amenazante regasificadora al servicio de Aratirí y el mentado “polo industrial Puntas de Sayago”, en el que, sin dudas, molesta, y mucho, la presencia de una juventud nada “tupamarizada” o “acratizada” de un barrio al que, ahora, una manga de bobos, quiere pintarnos como campo de batalla entre radicales y moderados, que, en general, sólo cuentan con Santa Catalina como dormitorio diario tras las jornadas laborales y de militancia bien lejos del barrio, por cierto, y desafortunadamente.

2).- La afirmación ministerial de que no podría garantizar nada a futuro, se la arrancó a Bonomi la clara conciencia de que el ministerio que teóricamente comanda, no existe para garantizar la “seguridad” ni la integridad de la ciudadanía, sino, al contrario, para mantener la plena inseguridad de la prepotencia y la arbitrariedad como norma tendente a amedrentar y neutralizar algo que se parezca a la protesta social, por más que se vuelva a anunciar el “ensayo piloto” de una policía comunitaria, educada, bien hablada y bien intencionada, incapaz de hacer lo que debe hacer principalmente la policía en este mundo regido por la violencia de arriba: atacar a los pobres, reprimir sus expresiones de descontento y bronca, ponerlos en los carriles del “principio de autoridad”, a palos y balas, de goma, de plomo o como venga, como ocurrió a las 01:30 de la madrugada del 5 de noviembre, no por un libretazo de policías desalineados, sino específicamente mandatados desde el ministerio del interior

SIETE

Las especulaciones en cuanto a “manos negras”, intrigas, conspiraciones, indisciplinamientos policiales surgidos de la manija de vanguardias burguesas fascistas o simples capangas mafiosos, no es que sean alocadas. Que esto pase es parte de la misma dinámica del poder burgués –que expresa a una clase, sin duda, pero una clase que entre sus mismos integrantes practica metodologías aberrantes, desleales, puñaladas traperas, ventajeos, aun en tiempos en los que el enemigo de clase debería mantenerlos unidos-, tiene que ver con su naturaleza contraria a valores enaltecedores de la condición humana. Sean cuales sean los entretelones turbios y subterráneos de cada “desborde” policial, la esencia no cambia: es la violencia represora o la violencia provocadora de situaciones que de antemano sus promotores consideran controlables y manipulables a su antojo, aunque no siempre sea así en los hechos tozudos de la realidad concreta.

Y, por último, dos cosas serían deseables, aunque una parece, hoy por hoy, una verdadera utopía:

1).- Que tras pedir “disculpas”, cada ministro que quiera hacernos entender que fue víctima de una jopeada, renuncie indeclinablemente, y que, al hacerlo, denuncie con nombre y apellido, públicamente, a los responsables de ella, caiga quien caiga. Por cierto, esto es utópico por la sencilla razón de que no podemos esperarlo de quienes han comprometido todo (incluído su propio respetable pasado), en aras de compromisos ideológico-políticos de indiscutible renunciamiento a objetivos y principios no negociables y éticamente “vinculantes” en cualquier circunstancia histórica. En todo caso, si de jopeadas y falluteadas habláramos, seguramente las hay en todo el espectro gubernamental actual, y, si nuestros deseos no fueran utópicos, tendríamos que ver denunciar y renunciar en masa a todos los ministros y hasta al mismo presidente, sin tener que oir el disparate hipócrita de que “alguien tiene que hacerlo”, como solemos oir con frecuencia.

2).- Lo otro deseable, nada probable en la cortita, pero tampoco nada utópico en un horizonte de rompimiento con la resignación y el engaño, es que paulatina aunque sólidamente, estallidos espontáneos como la casi suicida protesta de la noche entre el 4 y el 5 de noviembre en el Oeste montevideano tras el fusilamiento de Sergio Lemos, vayan transformándose en organización popular barrial creciente y permanente, concebida para no ser pan comido ni objeto de provocaciones fascistas, y, a la corta o a la larga, organización popular capaz de integrarse a la lucha general del pueblo trabajador por librarnos de las cadenas del poder burgués no solamente en el plano policial o militar, sino también en el del sometimiento económico-político-ideológico de una clase dominante con la que no hay perdón que valga ni expectativas de “cambios” humanizantes al mismo tiempo que nos siguen contrabandeando desfachatadamente la entrega del país y el futuro de los más jóvenes, a cambio de la prolongación de su propia situación de privilegios adquiridos en la holgazanería crónica de los que se han creído “nacidos para ganar”.

OCHO

Concluiríamos estas líneas sugiriendo buscar y leer o releer lo que yo no pude encontrar “navegando”: el texto de la “Proclama” dirigida a la Policía, difundida mediante abundantes cantidades de volantes clandestinos, a fines de los ´60, en una de las acciones directas del viejo MLN-Tupamaros. Leyendo y releyendo, capaz que a pesar de lo que objetivamente era una amenaza a los policías que siguieran reprimiendo arbitrariamente al pueblo, se ve algo así como la esperanza un tanto ingenua de que los uniformados “azules” que no dejaban de ser parte de ese mismo pueblo, depusieran su hostilidad para con los de abajo y se fueran plegando a las filas de la revolución antioligárquica y antiimperialista, “por la liberación nacional y el socialismo”, que en aquellos tiempos, en muchos de nosotros, parecía muy próxima, o, al menos, muy factible.

Pero nadie, absolutamente nadie, hallará en ese verdadero documento de la historia, un solo concepto que nos hiciera sospechar siquiera que 50 años después, algunos co-autores y volanteadores armados de esa vieja y “romántica” proclama, pudieran terminar su vida militante felicitando a un ministro del interior que públicamente confiesa ser políticamente impotente e inepto, sigue olímpicamente sentado en su trono de utilería al santo cuete, y, encima, nos dice que, obviamente, seguirá habiendo brutalidad y represión policíacas sobre el pueblo, ¿qué le vas a hacer?… y que, ta, macho, “lo que se perdió, se perdió”, aunque lo que se haya perdido sea la vida en ciernes de un muchacho de 19 años cometiendo el delito de ser joven, de andar en moto, vivir en un barrio pobre y pretender seguir viviendo del trabajo y no de ese “choreo rastrillo” que suele ser un buen pretexto para el amasije protagonizado por asesinos a sueldo de la peor calaña, pero que sale, a estas alturas estimulado, de las entrañas mismas de un sistema social injusto, desigual, ladrón y criminal por “excelencia”, que va poniendo en manos de niños, casi, un arma con la que arremeter no contra sus verdugos, sino contra otros pobres como ellos.

Gabriel –Saracho- Carbajales, Montevideo, 16 de noviembre de 2013

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