Argentina: Terrier un juez de la dictadura

Este es el juez que quiere hacer trabajar a los docentes. 

PASADO OSCURO Y GENUFLEXIÓN POLÍTICA
07-12-10 | Diario Hoy – La Plata
(PERIODICO 3 LÍNEAS de LA PLATA)

por CARLOS LOZA

Una causa por el cobro de una deuda en concepto de publicidad pone de manifiesto los vínculos del juez Terrier con el poder político. Según una investigación realizada por este diario, el motivo sería evitar que salga a la luz su pasado como funcionario de la Policía durante la dictadura militar

Hay una frase que dice “la justicia que es lenta, no es justicia”. Y mucho menos cuando un magistrado se deja influenciar y actúa en función de los intereses del poder político de turno, como es el caso del titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 3 de La Plata, Francisco José Terrier. Se trata de un magistrado entrado en años, y de extremado bajo perfil, pero que es conocido en el mundillo judicial por su genuflexión con el poder político municipal, ya sea con la actual administración, encabezada por el intendente Pablo Bruera, o, como ocurrió hasta diciembre de 2007, con el actual ministro de Justicia, Julio Alak, que condujo los destinos del Municipio platense durante 16 años.

El entramado de estas relaciones se puso de manifiesto en el trámite de la demanda que presentó el 8 de julio del año 2008 la empresa Luz, que tiene a su cargo la comercialización de la publicidad del diario Hoy, ante la falta de pago de facturas por parte de la Municipalidad de La Plata, una actitud que está claramente motivada por cuestiones políticas. La misma empresa había efectuado, con fecha 23 de mayo de 2008, un reclamo administrativo previo en la Municipalidad, sin respuesta alguna.

Ante esta situación, se pidió una medida cautelar que fue desestimada por Terrier en mayo de 2009. Y recién a partir de ese momento la Municipalidad contestó la demanda, se abrió la causa a prueba y, pese a que han transcurrido 19 meses desde el inicio del proceso judicial, el juez sigue actuando en consonancia con el poder político municipal, cuya estrategia consiste en plantear permanentes chicanas jurídicas para evitar que se dicte sentencia.

Durante todo este tiempo, la empresa presentó todas las facturas correspondientes a la publicidad que fue pautada y jamás pagada, se abonaron asimismo todos los impuestos que la ley exige, y se sometió la documentación al análisis de los peritos de parte, que dictaminaron, por unanimidad, la legalidad del reclamo.

Es más, los compromisos impagos forman parte de la deuda consolidada que firmó el entonces intendente Julio Alak antes de dejar la intendencia del Municipio, proceso que fue avalado por el Concejo Deliberante de La Plata y por el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Como si eso fuera poco, la estrategia del Municipio de llevar la cuestión a la Justicia penal terminó desmoronándose cuando el fiscal Jorge Omar Paolini, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones nº 8, decidió el archivo de las causa por no “surgir elementos de convicción suficientes que permitan establecer que los hechos en cuestión configuren delito de acción pública, que justifique la prosecución de la presente investigación penal”.

Pese a este cúmulo de pruebas, Terrier, en todo momento, decidió ser funcional al poder político. Y por eso no es casualidad que siga dilatando los tiempos para evitar dictar sentencia, demora que no solamente le genera un daño económico al diario Hoy, sino que también es violatoria de la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a proteger todo lo que tenga que ver con la libertad de expresión, como la distribución equitativa y el pago de la publicidad oficial, que es la forma de garantizar la supervivencia de los medios independientes.

¿Qué motiva al magistrado a tener esta actitud, ya por demás controvertida? Luego de una investigación realizada a partir de la decisión de la dirección del diario Hoy de indagar sobre los verdaderos motivos del controvertido accionar del juez, surge que es el propio pasado de Terrier como funcionario de la última dictadura militar lo que lo compromete, por lo cual necesariamente requiere del favor del poder político para evitar que salga a la luz lo que se detalla a continuación.

Concretamente, Terrier es un comisario inspector retirado de la Policía bonaerense. No fue un simple agente, sino que se trata de un abogado que ocupó un cargo jerárquico dentro de la fuerza, durante la etapa más oscura de la Policía -la jefatura ejercida por el represor Ramón Camps (durante la gobernación del también represor Ibérico Saint Jean) y por sus distintos discípulos-, que se extendió desde 1976 hasta 1983.

Por eso, al ser un profesional que aprendió en la Universidad a hacer cumplir la ley, es imposible que no haya estado al tanto de los graves delitos que se cometían en aquel entonces, actitud que debe ser catalogada como “perversa” y “amoral”. Y más en una ciudad como La Plata, que fue uno de los centros urbanos más castigados por el terrorismo de Estado, con cientos de desaparecidos, y donde funcionaron distintos centros clandestinos de detención, algunos de ellos dentro de dependencias policiales.

Terrier se desempeñó en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía, un departamento equivalente a lo que hoy sería la Secretaría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, desde donde se elaboraban las distintas resoluciones que se elevaban para la firma del jefe de la Bonaerense, y desde donde también se instruían los sumarios administrativos con el historial de cada uno de los agentes de la fuerza. Además, esa dependencia, también habría protegido al ícono máximo del robo y la apropiación de menores durante la última dictadura: el médico Jorge Bergés

“Es imposible que, en el cargo que ocupaba, no haya estado al tanto de los delitos de lesa humanidad que cometía tanto la Policía de Camps, como la de los que vinieron después”, explicó una alta fuente policial que fue consultada por Hoy. Camps fue uno de los represores más sanguinarios de la dictadura, a lo que le sumó un antisemitismo generalizado. Llegó a diseñar un juicio en masa contra los judíos en centros clandestinos de detención, con el fin de condenarlos por sionismo. Y, en ese contexto, secuestró y torturó a Jacobo Timerman, director del diario La Opinión (padre del actual canciller Héctor Timerman), quien debido a la presión internacional fue puesto en libertad y expulsado del país algunos meses después.

Luego de haber obtenido el retiro de la Policía, Terrier fue designado como titular del Juzgado nº 3, proceso en el que habría influido el entonces diputado bonaerense y actual Defensor del Pueblo de la Provincia, Carlos Bonicatto.

Fiel al estilo del diario Hoy, en los próximos días se revelaran más detalles sobre esta terrible conexión entre el mencionado juez y el aparato represivo de la última dictadura.

Vinculaciones con un médico represor

También se vincula al juez Terrier con el encubrimiento que la Policía bonaerense realizó del médico Jorge Antonio Bergés, que formaba parte del aparato represivo de Ramón Camps durante la última dictadura.

Bergés no sólo administraba la duración y el voltaje de la picana eléctrica en los interrogatorios que la Policía de Camps sistematizó en los centros clandestinos, sino que también supervisaba los partos clandestinos del llamado circuito Camps, y ubicaba a los recién nacidos en familias vinculadas con los represores.

El 29 de marzo de 2004 Bergés fue condenado junto a Miguel Etchecolatz, la mano derecha de Camps, a siete años de cárcel por la supresión de identidad y falsificación de documento público de Carmen Gallo Sánz, hija de una pareja de uruguayos asesinados.

Asimismo, Bergés estuvo implicado en el caso de Jacobo Timerman, a quien le sostuvo la lengua para que no se ahogara mientras lo torturaban.

“Difícilmente Terrier no estuviese al tanto de las barbaridades cometidas por Bergés y, desde el área donde él se desempañaba, poco y nada hicieron para facilitar su captura. Más bien hicieron todo lo posible para encubrirlo”, dijeron altas fuentes consultadas por Hoy

Bergés cambió hace poco su celda individual en el penal Marcos Paz por un confortable chalet en Quilmes Oeste, sobre la ex calle Magallanes, gracias a la resolución dictada el 15 de julio por la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, con el voto elaborado por el juez Leopoldo Schiffrin, al que adhirió su colega César Álvarez, que le otorgó el arresto domiciliario

posta – postaporteñ@ 1137 – 2014-03-26
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