Chile: Los ex presos políticos mantienen medidas de fuerza y rechazan propuesta gubernamental

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Chile. Los ex presos políticos mantienen medidas de fuerza y rechazan propuesta gubernamental.

i) Mantienen la huelga de hambre y rechazan propuesta del Gobierno

Después de 6 semanas de huelga de hambre, el gobierno firmó un compromiso con los huelguistas de Rancagua, en orden a levantar el movimiento, contra un documento redactado por el gobierno que no lo compromete ni responde a las demandas más sentidas por todos los expp en huelga. Este acuerdo sólo cuenta con la anuencia de Rancagua y de una de las dos huelgas de Valparaíso.

Los 41 días de huelga minaron la moral y el estado físico de los huelguistas, fragilizando su resistencia. El gobierno logró su objetivo de desgastar el movimiento. No hay estadística de personas mayores de 60 años en huelga de hambre que haya resistido más de 40 días. Nosotros manifestamos nuestra decisión de mantener nuestra huelga de hambre por las siguientes razones:

1. La sola instalación de una mesa de alto nivel no responde a nuestras reivindicaciones más importantes y no aceptamos como condición previa a la instalación de la mesa deponer nuestro movimiento.

2. No aparece ningún proyecto de ley de indemnización ni tampoco la homologación de las pensiones Valech y Rettig. Se supone que la mesa en los próximos meses “se abocará a la temática de las indemnizaciones civiles reparatorias” y “además al carácter y diferencias de las pensiones establecidas en las leyes Valech (N°19.992 y N°20.405) con la Rettig (N°19.123) buscando formas concordadas…”.

3. Tampoco se compromete eliminar la incompatibilidad de las pensiones Valech y de exonerado

4. No se considera nuestra demanda de crear un órgano permanente de recepción de violaciones a los DDHH y de calificación de los ex prisioneros políticos.

5. Este preacuerdo sólo entrega una promesa de que nuestros temas serían materia del trabajo de esa mesa y que ella entregará sus propuestas resolutivas en un plazo de 45 días corridos, contados desde su constitución. La mesa preparará las iniciativas legales dentro de los seis meses siguientes (Ver en anexo capítulo III del acuerdo).

Hemos constituido un comité de huelga que incorpora a todos los compañeros en huelga con un representante por cada ciudad y representantes de Santiago, que coordinará el movimiento en las próximas semanas.

Pensamos que el gobierno no logró dividir nuestro movimiento huelguístico. Reiteramos que no es el mejor camino tratar de sorprendernos con ofertas de acuerdo que no resuelven nuestra problemática y no comprometen formal y oficialmente al gobierno para entregar una solución efectiva a nuestro movimiento.

Manifestamos y reiteramos nuestra disposición al diálogo y a buscar una solución al más breve plazo. Estamos conscientes del enorme esfuerzo y costo físico que ha implicado para los 117 compañeros y compañeras que hemos mantenido esta huelga de hambre por más de 40 días. No estamos dispuestos a claudicar en esta lucha hasta lograr una verdadera y justa solución a nuestras demandas.

ANEXO:

Este texto lo propuso el Secretariado Nacional de expp en reemplazo del texto del gobierno.

Estas modificaciones no fueron aceptadas por Rancagua que firmaron el acta del gobierno en la forma ya conocida.

III.- El Gobierno se compromete a:

Asumir el compromiso público y formal de dar iniciativa presidencial al proyecto de ley de indemnización justa y adecuada para todos los ex prisioneros políticos y torturados reconocidos, como se ha solicitado en proyectos de acuerdo aprobados en forma unánime tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en abril de 2014, tomando en consideración la propuesta de ley del Secretariado Nacional de Ex Prisioneros Políticos y familiares. Dicho proyecto de ley será enviado este año con trámite de urgencia.

Igualmente, se compromete al aumento de nuestra actual pensión llamada Valech al monto de la pensión Rettig, junto con eliminar la incompatibilidad entre las pensiones de exonerado y la de prisión política y tortura. El proyecto de ley tendrá que ser tramitado con carácter de urgencia.

La futura Subsecretaría de Derechos Humanos, en trámite de creación en el Congreso, deberá actuar como órgano permanente para el reconocimiento, asistencia jurídica, social y de reparación de las víctimas del Gobierno militar.

A modo de reajuste de la pensión Valech por el año 2015 se enviará un proyecto de ley que conceda un bono de $1.200.000.- para todas las víctimas de prisión política y tortura ya reconocidas. Dicho proyecto de ley será enviado al Congreso dentro de un mes.

Para el seguimiento del trámite legislativo el Gobierno constituirá una Mesa Tripartita conformada por el Ejecutivo, Parlamentarios y el Secretariado Nacional de Ex Prisioneros Políticos y Familiares. La Mesa Tripartita será presidida por el Obispo Alejandro Goic, deberá ser constituida a la brevedad y entregará sus propuestas en un plazo de cuarenta y cinco días, contados desde su constitución. La Mesa propondrá medidas necesarias para impedir la impunidad en derechos humanos. Sus propuestas tendrán carácter vinculante para la implementación del Programa de Gobierno en Derechos Humanos.

[Este acuerdo deberá ser firmado por el Señor Ministro del Interior]

Santiago de Chile, 25 de mayo de 2015

Expresos políticos en huelga de hambre

Firman:

    1. Gabriel Montalba Hernández, Concepción
    2. Mario González Cea, Osorno
    3. Víctor Alvarado Muñoz, Puerto Montt
    4. Luis Vidal Triviño, Coyhaique
    5. Héctor Cataldo, Valparaíso
    6. Manuel Aguilante, Punta Arenas
    7. Alejandro Placencia Urrutia, Chillán

Agrupaciones de Expp que solidarizan:

    1. Nelson Rodríguez Santander, Calama
    2. Eduardo Riquelme Rodríguez, Iquique
    3. Julio Gerding Salas, Coquimbo
    4. Pedro Bandes, San Felipe
    5. Víctor Lagos, Los Andes
    6. Juan Villalba Pefferle, Valparaíso
    7. Senén Sotomayor Pérez, Metropolitano Sur
    8. Víctor Rosas Vergara, Metropolitano Centro
    9. Julio Gómez Celis, Rengo
    10. Claudio Melgarejo, Concepción
    11. Heriberto Gallardo Jopia, Arica
    12. Héctor Plasencia Urrutia, Chillan
    13. Pedro Manquilef Gallardo, Negrete
    14. Julio Inostroza Seguel, Los Ángeles
    15. José Carrasco, Lumaco
    16. José Gutiérrez Araneda, Temuco
    17. Adolfo Fuente Rubilar, Los Lagos
    18. Dionisio Baeza Cabrera, Neltume
    19. Oscar Pérez Valdebenito, Osorno
    20. Abraham Telles Sepúlveda, Puerto Montt
    21. Reinaldo Calisto Hernández, Coyhaique
    22. José Gutiérrez González, Antofagasta
    23. Desiderio Martínez Ramírez, Loncoche
    24. Roberto Alarcón Norambuena, Panguipulli
    25. Francisco Cumián Sánchez, Río Bueno
    26. Sergio Barría Rain, Puerto Natales
    27. Mario Soza Castillo, Purto Aysén
    28. Ulises Leiva, Bariloche
    29. Mario Muñoz Molina Leiva, Asecut Nacional

ii) Grupos de ex prisioneros políticos mantienen huelga de hambre.

A través del vocero de los huelguistas de Valparaíso, Héctor Cataldo, los ex presos políticos sostuvieron que la mesa de trabajo propuesta por el Gobierno no asegura que se abordarán las demandas planteadas desde hace más de un mes de ayuno, por lo que continuarán con su medida, a pesar de que los manifestantes de Rancagua, y algunos de la ciudad puerto alcanzaron un acuerdo con el Ejecutivo.

Ex prisioneros políticos de ciudades como Valparaíso, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique, decidieron continuar con la huelga de hambre que mantienen hace más de un mes, a pesar del acuerdo alcanzado por un grupo de ayunantes -de Rancagua y uno de Valparaíso- durante el fin de semana.

Héctor Cataldo, vocero de los huelguistas en la ciudad de Valparaíso, explicó que la determinación la adoptaron porque no hay claridad con las propuestas del Gobierno de avanzar en una solución de fondo a sus demandas.

El dirigente comentó que “el Gobierno siempre propuso ambigüedades, falta de compromisos. Lo único concreto que nos ofreció fue algo así como un millón, un millón 200 mil pesos como bono de término de conflicto, cuestión que nadie ha pedido, por lo menos nosotros no lo hemos pedido”.

Cataldo agregó que “resolvimos continuar la huelga hasta que efectivamente el Gobierno asuma los compromisos que permitan asegurar que vamos a obtener resultados y que no va a ser nuevamente voladores de luces y humo como ha sido hasta ahora la pelea por nuestras reivindicaciones”.

El vocero recordó que sus demandas son cuatro y que se traducen en la homologación de sus pensiones con las que reciben los familiares de las víctimas calificadas en el Informe Rettig, además “que se levante la incompatibilidad entre nuestra pensión y la de exonerado, porque son dos causas distintas de represión y de violación a los derechos humanos”.

Al respecto indicó que “de no ser así, 4 mil 800 compañeros, más o menos, van a ser perjudicados, porque optaron por la pensión de exoneración y no recibirían los beneficios de esta movilización. Eso es 4 mil 800 veces injusto, no lo aceptamos”, puntualizó.

Héctor Cataldo agregó que no se van a sumar a la mesa planteada por el Ejecutivo para poner fin a la huelga de hambre, a menos que se tomen en cuenta la totalidad de sus demandas.

Además, los ex presos políticos señalaron a través de una declaración pública que, a pesar de los grupos que aceptaron los términos del acuerdo “el gobierno no logró dividir nuestro movimiento huelguístico. Reiteramos que no es el mejor camino tratar de sorprendernos con ofertas de acuerdo que no resuelven nuestra problemática y no comprometen formal y oficialmente al gobierno para entregar una solución efectiva a nuestro movimiento”.
[Fuente: Por Raúl Martínez, Diario Universidad de Chile, Santiago de Chile, 25may15]

iii) Ex presos políticos piden la aprobación de ley sobre una justa indemnización.

DECLARACION PÚBLICA

El 16 de mayo entregamos una contrapropuesta al ejecutivo, en la que básicamente establecemos algunas reivindicaciones que el gobierno debe cumplir antes de que podamos levantar nuestro movimiento. Esta contrapropuesta se contradice con el preacuerdo que los huelguistas de Rancagua están dispuestos a firmar con el gobierno y levantar su huelga.

Los puntos centrales de nuestra contrapropuesta son

1. Nuestra reivindicación principal la hemos definido como el derecho a una justa indemnización. Esta materia la hemos redactado en un proyecto de ley que ya ha sido votado y ha obtenido el preacuerdo de legislar por ambas Cámaras del Parlamento, en el mes de abril de 2014.

2. Esperamos el compromiso público y formal que este proyecto de ley de indemnización será enviado al Parlamento este año con trámite de urgencia y se organizará una mesa tripartita conformada por el Ejecutivo, parlamentarios y nuestro Secretariado, para darle seguimiento legislativo.

3. Nuestra segunda reivindicación es el aumento de nuestra actual pensión denominada Valech al monto de la pensión Rettig, junto con eliminar la incompatibilidad entre las pensiones de exonerado y Valech. Esta reivindicación requiere de un proyecto de ley que tendrá que ser tramitado con carácter de urgencia.

4. El derecho a calificar a los expp que no han sido reconocidos deberá ser atribución permanente de la futura Subsecretaría de DDHH, cuyo proyecto de ley está hoy día en el Parlamento.

Los huelguistas de Rancagua no han respondido afirmativamente a estos planteamientos que les hicimos llegar y mantienen el preacuerdo redactado por los delegados del gobierno que esencialmente entregan toda la capacidad de resolución de nuestras demandas a la “Comisión de Alto Nivel” que se instalará a futuro.

Reiteramos que nosotros no estamos satisfechos con la redacción y fondo de este preacuerdo porque sencillamente el gobierno no se compromete a impulsar un proyecto de ley de indemnización y sólo entrega a la Comisión la atribución de buscar “formas concordadas en que el Gobierno asuma el compromiso formal de dar iniciativa presidencial al proyecto de ley de indemnización justa y adecuada…” Se ve como en la redacción se elude que esto sea desde ya un compromiso del Gobierno.

Nosotros insistimos en que no iremos a una mesa con organizaciones de expp que no comparten nuestros objetivos y no participaron en la huelga; ni tampoco el INDH puesto que carece de capacidad para ocuparse de este tipo de materias del pasado.

Después de 35 días de huelga de hambre, el Gobierno no ha sido capaz de respondernos positivamente, trasladando la discusión a una instancia nueva, la mesa de Alto Nivel, en la que comenzaremos una discusión desde cero.

Por tanto hemos decidido mantener el movimiento, aunque Rancagua firme el preacuerdo redactado por el gobierno.

Santiago de Chile, 17 de mayo de 2015

    Secretariado Nacional de Ex Prisioneros Políticos y Familiares
    Unión de ex prisioneros políticos de Chile
    Agrupación nacional familiares de Expresos políticos de Chile
    Agrupación de ex prisioneros políticos Rancagua
    Agrupación de ex prisioneros políticos San Felipe

iv) Los ex prisioneros políticos que la democracia olvidó: “Estamos siendo torturados otra vez”.

Antes fue la opresión brutal de la dictadura; hoy la indiferencia de las autoridades civiles. Nombres, rostros e historias se despliegan testimoniando la ignominiosa huelga de hambre (para la sociedad chilena) que llevan a cabo decenas de ex presos políticos.

Los días pasan y el riesgo aumenta para los ex prisioneros políticos que, desde 18 ciudades de Chile, desarrollan huelgas de hambre en búsqueda de sus derechos perdidos. Son aproximadamente 120 huelguistas, hombres y mujeres de edad avanzada y con diversas secuelas de la tortura y la lucha contra la dictadura en sus cuerpos. Hoy, se someten voluntariamente a una de las medidas más radicales de presión política para exigir lo que la democracia, esa por la cual lucharon arriesgando la vida, no les recompensó.

Rancagua, Santiago, Osorno, San Felipe, Valparaíso y otras ciudades albergan a los ex prisioneros políticos, que en Rancagua suman más de 30 días en huelga de hambre. En los medios tradicionales, apenas se sabe de la movilización que tiene sus orígenes en diciembre del año pasado, cuando un grupo de ex presos inició la huelga en Rancagua y la pospuso al otro día, tras un compromiso de palabra de la entonces ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón.

“Ella se comprometió a que, a más tardar el 23 de diciembre de 2014, comenzaría a funcionar una mesa tripartita entre el gobierno, el Parlamento y los huelguistas”, apuntó el vocero Rafael Villalobos. Dicha promesa, sin embargo, nunca se cumplió y los ex prisioneros jamás volvieron a lograr comunicarse con Rincón, hoy al mando de la cartera de Trabajo.

Los viejos luchadores, que aprendieron de porfía durante aquellos años difíciles, volvieron a la carga. El pasado 3 de abril la huelga se retomó en Rancagua y se extendió al resto de las ciudades, en medio de un brutal silencio mediático y de parte de las autoridades. En la capital, ya son 25 días sin comer. Dentro de las oficinas de Codepu (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo) descansan cuatro integrantes de la huelga de hambre más longeva que se haya conocido en los últimos años en el país.

¿Qué es lo que piden los ex prisioneros políticos en huelga de hambre?

Los ex prisioneros políticos descansan en colchones ubicados provisoriamente en el piso. Tres de ellos superan los 70 años y, además de la huelga, deben lidiar con las dificultades de salud de la vejez y de las secuelas de la detención y tortura. Arritma, hipertensión y otros malestares ya han enviado a algunos de los huelguistas al hospital. En Rancagua, dicen, la huelga está dañando de forma irreversible los riñones de sus compañeros.

Sus demandas son puntuales y aseguran, paradójicamente, que están bien definidas en el propio programa sobre derechos humanos que la presidenta Bachelet presentó durante su campaña. En general, todas están enmarcadas en la exigencia de una nueva Ley de Reparación que incremente sus pensiones, mejore la atención en salud y extienda los beneficios a los miles de ex prisioneros políticos que se quedaron fuera de dicha categoría a ojos del Estado.

Los procesos de calificación han tenido muchas falencias. En la segunda convocatoria de la Comisión Valech, 22 mil personas que presentaron su certificación no fueron acogidas. “Todos sabemos que en Chile había cárceles de Arica a Punta Arenas y no eran cárceles convencionales, sino que hacían de centro de detención de Carabineros, la Armada, y los militares. La gente que cayó en esos recintos y sufrió graves consecuencias de tortura, que estuvieron varios días, semanas y hasta meses, a ellos no les entregaron ningún papel para que acreditara que estuvieron en un lugar de detención. Nunca tuvieron procesos, fueron secuestros. Por lo tanto, se le ha dificultado a ellos el que los puedan calificar y cuando se ha llamado a esos procesos, la gente que queda afuera no tiene derecho a poder apelar”, resume el vocero.

La búsqueda de una indemnización justa para todos también pasa por la necesidad de establecer la actual pensión Rettig como parámetro reparatorio para todas las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, sin discriminación. Además, exigen el fin de la incompatibilidad entre pensiones Valech y de exonerados políticos.

“La Valech tiene un monto que es ínfimo, a nosotros nos dan como bono 150 mil pesos y la Rettig es un poco más alta. Sabes que ese bono lo dan como compensación a los vejámenes que sufrimos durante la dictadura militar, a las heridas que mantiene nuestra gente, muchos de ellos tienen problemas por los golpes, como el compañero -apunta a otro huelguista- al oído, él tiene perforado un pulmón también y problemas en las piernas. No es una compensación justa, sino que fue simbólica y austera como dijo el señor Lagos en su momento” explica Villalobos.

En otro plano, sus demandas también plantean el fin de los archivos secretos que hoy ampara la impunidad de los violadores de derechos humanos y la tipificación de los delitos de tortura y violencia política sexual como crímenes de lesa humanidad. Iniciativas contempladas por la regulación internacional en la materia, que incluso hoy fueron apoyadas por el intelectual Noam Chosmky, quien escribió una carta a Bachelet manifestándole su preocupación por los huelguistas.

El desahogo de Rosa: “Nos hicimos viejos luchando”

Es fácil descubrir decepción en la mirada de los ex prisioneros políticos que hoy se movilizan. Desconcertados, aseguran que no entienden la indolencia de este gobierno liderado por una socialista, ante sus demandas. Recuerdan que hace sólo unos años estuvieron apoyando, desde las bases, la campaña que terminó llevando a Bachelet a La Moneda.

“Es bueno recordarle a la señora Bachelet que ella fue presa política, que su madre también estuvo en un recinto de tortura, que su padre también fue torturado y asesinado. Por lo tanto, ella debiera tener mayor sensibilidad que muchos personeros que están hoy en el gobierno, porque esos van a buscar plata no más, porque esa es la verdad”, declara Rafael Villalobos.

Para los huelguistas, existen diferentes categorías de prisioneros políticos. Ellos se ubican en el último lugar de la lista, muy por debajo de sus propios torturadores, quienes “no han perdido ni su rango, ni su estatus económico y siguen manteniendo las mismas regalías que les da el Ejército, incluso en salud. Si se enferma un hombre de sus filas, va a parar al Hospital Militar”, recuerdan.

“Imagínate: nosotros, torturados por ellos, 150 mil pesos como promedio. Ellos, como promedio, dos millones de pesos”, grafica Villalobos ante la mirada atenta de sus compañeros. En estos días, aseguran, los ha visitado un amplio espectro político, con figuras como Karol Cariola (PC), Marco Enríquez-Ominami (PRO), Carlos Montes (PS) y Lagos Weber (PPD), entre otros. Sin embargo, el gobierno no se ha dado por aludido.

“Yo siento que ningún partido político nos ha dado respaldo. Han venido pero no se la han jugado y quizás ciertas personas no han tenido apoyo. Vienen a hacer acto de presencia acá y nosotros ya no somos niños chicos, somos gente adulta. Nuestros viejos saben, son viejos cancheros en política, no son viejos que nacieron hoy y están haciendo declaraciones. Nos damos cuenta que vienen a hacer acto de presencia y eso que quede bien claro. Ni el Partido Comunista ni el Partido Socialista, hoy a la cabeza del gobierno, nos han dado apoyo”, aclaró Rosa Muñoz Lira, una de las huelguistas más jóvenes en la Región Metropolitana.

Muñoz es militante del partido fundado por Luis Emilio Recabarren y asegura que las cosas hay que hablarlas tal como son: “Lo que vale aquí, es nuestra lucha. Los viejos se nos van a morir, yo pienso que en cualquier momento se nos puede morir uno y eso nos tiene muy preocupados. Si se nos muere un viejo, ya es otra cosa, ya pasamos a otro escenario. Yo creo que este gobierno es insensible, incapaz de solucionar problemas que se arrastran hace años”, añade.

Desde que venía la alegría y no fue, resume Rosa, están pasando por una serie de vejámenes que no han hecho más que profundizar el dolor arrastrado durante sus vidas. “Nos quisieron mirar como terroristas, no cabíamos dentro de la sociedad”, asegura. Entonces, se abrió la primera comisión Valech y, sin pensarlo bien, aceptaron “la miseria que nos ofreció el gobierno, ese bono indigno”. Sus torturadores, del otro lado, quizás tuvieron más suerte.

“Nosotros no, tenemos ese bono miserable que nos debemos de sentir avergonzados y los gobiernos también, porque nosotros somos la reserva digna de este país, somos las personas que luchamos en el gobierno de Salvador Allende, somos quienes seguimos luchando después en la dictadura y expusimos nuestras vidas, nos hicimos viejos luchando. Sentimos que ningún partido político nos ha apoyado, incluso el mío”. A su lado, Rafael, viejo socialista, la secunda: “Mi partido tampoco asumió la responsabilidad real que debió haber asumido”.

El último resabio moral

Quizás algunos podrían arrepentirse, a estas alturas, de haber librado una lucha tan dura en nombre de una democracia que no les agradeció. Ellos, sin embargo, no se lo han preguntado. “Lo que sí sentimos es rabia de los que han ido asumiendo los gobiernos y se han olvidado del pueblo. El pueblo tiene el problemas de las pensiones, las AFP’s y eso nadie lo ha querido resolver. Se han sentido tan cómodos que no lo han querido resolver”, acota Villalobos.

Los huelguistas están convencidos de seguir hasta las últimas consecuencias. Aseguran que ya aprendieron de hambre, tortura y cárcel y que la indolencia de las autoridades no podría frenarlos. Están curados de espanto. Por estos días, incluso les ha tocado descubrir a los que alguna vez militaron con ellos en sus respectivos partidos involucrados en boletas a la empresa liderada por Julio Ponce Lerou.

“Vemos con total repudio cómo gente que se dice que es de izquierda es capaz de ir a pedirle dinero al yerno de Pinochet, es algo incoherente, como si Fidel Castro fuera a pedirle plata a Obama. Es totalmente repudiable. Como dice el presidente Mujica, al que le gusta la plata, no tiene que estar en política. Tiene que haber un recambio generacional y limpio que sea capaz de proyectar nuevos aires políticos a este país”, recalca el vocero de los huelguistas.

Rosa Muñoz Lira cita a Salvador Allende, quien observa la escena desde un cuadro a poca distancia de los huelguistas y sus colchones. “El que quiera entrar a La Moneda, que meta los pies pero no las manos”, resume. “Esas cosas nos dejaron tan marcados para actuar bien en la vida y en la política. Esa línea la vamos a defender siempre, que es el legado que nos dejó nuestro presidente, el único que realmente nos representó. No sé si va a haber otro, espero que la generación que viene tenga un líder como Salvador Allende, porque se va a sentir orgullosa”.

Hasta entonces, uno de los huelguistas más longevos ha escuchado la entrevista en silencio. Casi al finalizar, pide permiso para opinar, recostado en su colchón. Su nombre es Raúl Vargas Morales.

“Lo que le costó la vida a Allende fue lo que él quería: igualdad para sus compatriotas. Ahora, yo siento verguenza por los políticos que están en la Concertación. ¿Por qué no toman una cuarta parte de lo que quería nuestro Salvador Allende para sus compatriotas? Yo creo que si Allende viviera, sentiría vergüenza, mire cómo nos tienen. La UDI se ríe de nosotros, han pasado todos los gobiernos de la democracia, nosotros sacamos a la dictadura y los colocamos a ellos para que nos defendieran. Pasó Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet y ¿qué han hecho? ¿Cómo se ríen los grandes capitalistas? El país es de ellos. Si Allende estuviera vivo, sería el primero en estar aquí, con nosotros”, declara. Y añade: “Estamos siendo torturados otra vez. Yo recuerdo como si fuera ayer ese 12 de septiembre de 1973 en que me llevaron a Estadio Chile”.

Los viejos héroes anónimos de la democracia coinciden en que, a sus años, hoy deberían vivir un escenario muy distinto. Quizás, disfrutando de la vida que les acortó la tiranía, despojándolos de su salud, amigos y sueños compartidos. Sin embargo, ese dolor y el de sus familias se ha profundizado.

Rosa lo grafica con la voz quebrada: “Cuando llegó la dictadura, estuvimos presos varios desde Arica a Punta Arenas y con nosotros, nuestras familias. Tenían que ir a las cárceles o andarnos buscando, era una tortura y un sufrimiento para ellos. Ellos no sabían qué nos estaba pasando. Ahora nuevamente tenemos a nuestras familias en este sufrimiento involuntario, entonces vuelven todos los recuerdos a la mente de esos viejos que sufrieron”.
[Fuente: Por Vanesa Vargas Rojas, El Desconcierto, Santiago de Chile, 14may15]

v) Rechazo a la mesa instalada por el Gobierno con personas ajenas al movimiento de huelga de ex presos políticos.

Declaración pública

Al cumplirse 28 días del movimiento de huelga de hambre de los expp de Chile, que se desarrolla en 14 ciudades del país, el gobierno no responde a las demandas de los huelguistas y levanta un temario para una mesa de trabajo con las “agrupaciones de DDHH.” Al decir “agrupaciones de DDHH” discrimina a las organizaciones en huelga de hambre y restringe el diálogo a las orgánicas que siempre han estado colaborando con las iniciativas del Ministerio del Interior en materia de Derechos Humanos, en particular el denominado Comando Unitario.

Es de toda evidencia que este temario no responde a las reivindicaciones presentadas por nuestro Secretariado Nacional de Ex Prisioneros y Familiares, en consecuencia no podemos sino denunciar esta nueva maniobra del Gobierno de Chile que busca engañar a la opinión pública nacional e internacional, cuando entrega a organizaciones ajenas al movimiento una propuesta con medidas que el Gobierno estaría dispuesto a tomar.

Con respecto a este hecho expresamos lo siguiente:

    1. El Secretariado Nacional de Ex Prisioneros Políticos y Familiares, reitera su rechazo a la mesa instalada por el Gobierno, con personas ajenas al movimiento en huelga.
    2. Consideramos una falta de criterio, de lealtad, de cariño y de respeto que raya en la felonía para con los compañeros en huelga, quienes están sacrificando su integridad física y poniendo en riesgo su vida, a través de todo el país, por parte de las organizaciones que se autoproclaman como contrapartes del Gobierno, poniéndose al servicio de la maniobra comunicacional para hacer creer a la opinión pública que se está buscando soluciones y haciéndose cómplices además de ayudar al Gobierno a evadir la responsabilidad de reparar a las víctimas sobrevivientes de la prisión política y tortura.
    3. Que no aceptaremos ninguna propuesta que no sea tratada con la mesa negociadora nominada por el Secretariado Nacional y que se encuentra en Rancagua.
    4. Que los dirigentes que están a la cabeza del movimiento y los compañeros huelguistas tenemos muy claro las maniobras que se llevan a cabo para debilitar o fraccionar el movimiento, pero el grado de consecuencia con la causa y de claridad política nos permiten reiterar que este movimiento sigue adelante sin claudicar a los cantos de sirena del Gobierno y pese a la obsecuencia de las organizaciones cooptadas.
    5. Que la huelga de hambre se mantendrá y no se apartará de los objetivos fundamentales establecidos, esto es que el Ejecutivo dé su iniciativa a nuestro proyecto de ley de indemnización con trámite de urgencia; se homologue la pensión Valech con la Rettig, eliminando la incompatibilidad de pensiones; y se establezca la mesa tripartita entre el Ejecutivo, los parlamentarios y los ex prisioneros que reivindicamos estos proyectos para hacer seguimiento al urgente trámite parlamentario.

Santiago de Chile, 9 de mayo de 2015
Secretariado nacional de ex prisioneros políticos y familiares

vi) Ex presos políticos acusan respuesta irrisoria y exigen al Gobierno urgente solución.

Según sostuvo Santiago Quintanilla, torturado en dictadura y en huelga de hambre desde el primer día, “la última oferta que nos hicieron, fue recibir dos millones de pesos, por una sola vez, para todas las personas que tuvieran arriba de 70 años y para el resto nada. Si dividimos esos dos millones en los años que consideramos por nuestra expectativa de vida, son 12 mil pesos mensuales, lo que es una suma irrisoria”.

Según cuenta Quintanilla, hace algunos días intervino el Obispo Goic, pidiendo una propuesta de ambas partes. Los ex presos políticos presentaron la suya, donde exigen homologar los dineros entregados por la Comisión Rettig con los de la Comisión Valech, que significa un aumento de 258 mil pesos, cediendo en los plazos de ejecución para que el Gobierno pueda incorporar esos gastos en el presupuesto 2016 y 2017.

“El Obispo nos mostró la propuesta del Gobierno y era nuevamente dos millones por una sola vez para los mayores de 70 años y un millón de pesos para el resto, sin tener idea por qué. Nosotros exigimos un 1 millón 200 para cada uno por el término del conflicto y que se establezca una ley que ingrese el 50% del dinero que exigimos en el presupuesto 2016 y el otro 50% para enero del 2017. Hasta el momento no hemos vuelto a recibir noticias de ellos”.

Además, el huelguista que ya ha perdido alrededor de 10 kilos de peso, confesó que en la última oferta del Gobierno, presentaron la opción de incluirlos en la Comisión Bravo, que regula la situación previsional de Chile, a lo cual los torturados políticos respondieron que “esto debe ser una reparación política, que no tiene nada que ver con el sistema previsional” según las palabra de Quintanilla, y aseguró que “hay un desinterés manifiesto de parte del Gobierno por nuestra situación. Viene con estrategias que buscan ablandarnos, ofertando respuestas insatisfactorias, diciendo que no hay más”.

Según Ricardo Cerda, humanista de Rancagua que ha acompañado a los manifestantes durante los días en huelga de hambre, quien hoy declaró para El Ciudadano “es una cosa de voluntad política, y el Gobierno no está dispuesto a hacerlo, siendo la propia Presidenta víctima de la tortura, su padre muerto por lo mismo y su familia representante del sufrimiento y la angustia que se vivió en aquella época, porque es brutalmente frío el Estado, y sobre todo la Presidenta, ya que es de conocimiento público lo que vivió”, consigna el artículo.

Al mismo tiempo, el vocero de los ex presos políticos de Rancagua en huelga de hambre, argumentó que este problema se inicia el año pasado, cuando la Ministra Ximena Rincón se reunió con ellos sin atender más sus peticiones. “En enero de este año, fuimos 18 los que comenzamos una huelga de 30 horas, que se detuvo porque el Senador Letelier nos consiguió una reunión con la Ministra Rincón. Nosotros pedíamos homolegación con la Retting y la indemnización por daños y prejuicios. Ella dijo que sí, que la nivelación era algo “fácil y rápido”, no así con la indemnización que para eso debíamos formar una mesa de negociación, y se comprometió a tenernos una respuesta en 48 horas. Entonces nosotros lo dimos como un hecho. Después de ese encuentro, la ministra nunca más se reunió con nosotros, ni contestó a nuestras llamadas ni a nuestras cartas”, manifestó Quintanilla.

La Comisión Retting partió en el 1997, otorgando una reparación que hoy alcanza los actuales 450 mil pesos y entregó una indemnización de 10 millones de pesos para cada familia cuyo familiar presentara antecedentes en dicha comisión. Según denunció Quintanilla, “en estos momentos tenemos una pensión de 150 mil pesos y lo que estamos peleando es el diferencial, porque la única diferencia que tenemos con ellos, es que nosotros quedamos vivos”.

Como expresaba Ricardo Cerda en El Ciudadano, “los huelguistas están dispuestos a morir y eso a mí me asusta, me asusta y me duele, porque al ver la indolencia que hay para con ellos, de parte del Gobierno, el mismo por el cual ellos creyeron y votaron, y no es sólo el Gobierno, sino que la sociedad, hasta sus propios partidos actúan de esa forma y a ellos les duele, les avergüenza esa situación, nunca hemos visto ni a Letelier, ni Andradre nada, es triste”, manifestó el miembro del PH.

El vocero de los compañeros en huelga, también comentó que “las indemnizaciones las ha pagado Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina y está contemplado entre los acuerdos de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que obligan a los Estados a pagar indemnización para reparar los daños cometidos. A los torturados de Isla Dawson, la Corte Suprema les aprobó una indemnización de 150 millones de pesos, entonces esos acuerdos están. Por ahora nosotros sólo pedimos que nos nivelen a la Retting y que luego nos sentemos a conversar el tema de la indemnización, que es justa y necesaria. Si el gobierno no acepta se está metiendo en problemas judiciales, porque esto será presentado en los tribunales chilenos y en los organismos internacionales de DDHH”.

Y finalizó diciendo: “¿Cuánto más se va a prolongar? No lo sabemos, pero nosotros estamos confiados, porque esto es lo justo que nos corresponde para que reparen el daño. Considera que el Estado de Chile nos da una pensión de 150 mil pesos y a nuestros torturadores les dan más de un millón. Hay muchos CNI que están como exonerados, que están en libertad y gozan de una renta muchísimo mejor que la nuestra. Eso es injusto y no está bien”.

Por su parte, Joaquín Arduengo, Vicepresidente del Partido Humanista, manifestó su preocupación por la grave situación por la que están pasando y declaró que “hay que considerar que la mayoría de los huelguistas son socialistas y comunistas que sufrieron torturas y fueron exonerados y marginados de posibilidades de trabajo durante los 16 años de la dictadura. Ellos no fueron parte del “exilio dorado” en que vivieron muchos de sus compañeros de antaño y que hoy gozan de bien remunerados puestos en el gobierno incluyendo a la presidenta señora Michele Bachelet”.

El dirigente humanista insistió diciendo que “vinimos hasta acá para solidarizar con los amigos en huelga de hambre, pero la pregunta es ¿dónde están los señores Tellier o Carmona del PC y Juan Luis Castro diputado socialista por Rancagua?, ¿dónde está la Sra. Allende que visitó a los huelguistas en la Catedral de Rancagua, junto al senador de la región Juan Pablo Letelier, sólo para obtener votos en sus elecciones internas y luego no se ha vuelto a saber de ellos?, ¿por qué guardan un silencio vergonzoso frente a los que está ocurriendo?”

Y finalizó presionando a los parlamentarios de Gobierno planteando que “es una vergüenza y les emplazo, aunque sé que no van a responder, a dar la cara y dar respuesta a esta necesidad de humanismo y dignidad para los ex presos políticos”.
[Fuente: Por Francisco Silva, El Desconcierto, Santiago de Chile, 09may15]

vii) Resoluciones aprobadas VI Encuentro Nacional Unitario.

Se inicia trabajo de la Comisión con una introducción del Coordinador de la misma en la que plantea que la pregunta principal que debiera orientar las deliberaciones, es nuestro análisis para definir cómo se orienta y apoya una nueva Ley de Reparación. Destaca el hecho inédito -que fundamenta el momento actual-de la existencia del informe del Programa DH del Ministerio del Interior, redactado por don Francisco Ugás, quien en su condición de abogado del Estado informó favorablemente durante el gobierno de Piñera, el año 2012, la propuesta de Reparación que presentó a ese gobierno el Comando Unitario.

Los elementos de esa propuesta favorablemente informada como acorde a derecho y a la constitución aún vigente, fundamenta los 9 puntos que están detallados en el documento titulado “Elementos Permanentes de Plataforma Unitaria Propuesta para una Nueva Ley de Reparación por Prisión Política y Tortura” conocido ampliamente porlos participantes del Encuentro.Este documento constituye el eje de trabajo no sólo de esta Comisión, sino del posicionamiento reivindicativo del Comando Unitario.

Así, el gobierno actual reafirma lo avanzado y el Subsecretario de Interior, Don MahmudAleuymanifiesta el 10 de junio, que es la voluntad del Gobierno cerrar el tema de la reparación a las víctimas de prisión política y tortura durante esta legislatura. Esto se lograría con medidas administrativas y con una eventual nueva Ley de Reparación.

En el momento actual las diferentes reparticiones del Estado están informando al gobierno de lo actuado desde sus ámbitos de acción hasta ahora, tanto en términos cualitativos (identificación del tipo de acciones específicas que informan los gastos efectuados) como cuantitativos (partidas presupuestarias efectivamente gastadas en reparación a víctimas de prisión política y tortura); y el compromiso del Programa, es tener el Proyecto de Ley… el 30 de noviembre, del año en curso.

El desarrollo del temario de 5 puntos sometidos a debate en la Comisión, fueron:

    1.- ¿Situación de los DDHH en Chile?,
    2.- ¿Actores relevantes en este ámbito?
    3.- ¿Compromiso del gobierno con los DDHH?
    4.- ¿Amenazas de hoy a DDHH?
    5.- y por último, ¿Qué debemos hacer?

Punto 1.- La situación de los DDHH en Chile es insatisfactoria para la Comisión. Se siguen aplicando métodos de represión heredados de la Dictadura en situaciones de movilización social. Los excesos policiales, los casos de tocamientos de mujeres detenidas en manifestaciones estudiantiles, las violentas formas represivas en Araucanía, la colusiónde la fiscalía y servicios de inteligencia policiales para culpabilizar a comuneros mapuches, por nombrar algunos.

Se valoran los avances realizados estos últimos 20 años en materia de DDHH en el país. La situación genéricamente es mejor, con “rezagos” como los comentados más arriba. Hay pues una progresión;pero no es plena ni satisfactoria. Falta mucho por hacer.

Por ejemplo Chile carece de una clara política educativa nacional que incorpore la materia de DDHH en el currículo académico de los niños y jóvenes estudiantes.Parece necesario y urgente, en este sentido, la tarea testimonial de los ex PP, no ya ante comisiones calificadoras sino ante la Sociedad en su conjunto, a través del sistema educativo, y así activar nuestra presencia social, como factor educativo ciudadano. La Memoria se empieza a perder por el fallecimiento de las víctimas.

El ESTADO debiera reconocer oficialmente la existencia del Terrorismo de Estado durante la Dictadura, para que se estudien y tipifiquen los casos de violaciones de DDHH, y así crear una base operativa que permita programar los contenidos de la Memoria que debiera formar parte deloscurrículos educacionales antes mencionados, con contenidos y enseñanzas de DDHH.

Punto 2.- Para la Comisión, son actores relevantes, instituciones del Estado (Gobierno, Parlamento, Poder judicial, policías, INDH, Programa DH) y las organizaciones de la sociedad civil (ONG, organizaciones de sobrevivientes y familiares, organizaciones defensoras, observadores, colectivos, etc.).

En el programa de Gobierno se explicitan varios compromisos, entre ellos algunos vinculados al tema reparatorio, y esperamos que esos compromisos se cumplan. En el Congreso, una mayoría de parlamentarios han apoyado nuestras aspiraciones de Justicia y Reparación. Con la bancada PC-IC, existen relaciones de trabajo y fluidas relaciones con la Comisión de DD.HH. lo que nos facilita nuestro trabajo en esa instancia. El Poder Judicial, en los últimos años ha logrado importantes avances en materias de Verdad… pero está al debe en la aplicación de Justicia.

Las relaciones con el Programa DDHH del Ministerio de Interior, son muy fluidas -estamos trabajando juntos el anteproyecto- y de aprobarse el apoyo jurídico para los sobrevivientes, implicará mucho trabajo en conjunto.

En cuanto al funcionamiento del Instituto Nacional de DDHH se reconoce que ha jugado un rol en la fiscalización de los abusos policiales, pero hay comentarios críticos sobre el rol que desempeña aún hoy, por su quehacer “profesionalizado” incapaz de trabajar en red con las organizaciones que le dieron origen, entre las cuales se cuentan las de Comando.

Esperamos que al Proyecto de nueva Subsecretaria de DDHH del Ministerio de Justicia, se le asigne a esta un rol más activo, con un mandato claro de protección y promoción de derechos, con las atribuciones y recursos que permitan efectivamente adecuar las leyes y las diversas instituciones del Estado a las necesidades ciudadanas.

Por otra parte, están frescas en la memoria las graves deficiencias de la última comisión estatal calificadora de Ex PP detenidos, desaparecidos, torturados. Se sugiere en la Comisión que para evitar estas situaciones en la próxima Comisión de Calificación -que esperamos sea permanente- debiera haber presencia orgánica de los Ex PP, para por una parte aportar antecedentes en los casos de compañer@s que nos conste su calidad, así como también a identificar a las personas que intentan obtener beneficios de forma fraudulenta.

Punto 3.- Nos referíamos antes al Programa de Gobierno, y a los compromisos allí establecidos. Somos veteranos en estas lides, y sabemos cuánto valor tienen las promesas de las candidaturas; pero tenemos esperanzas de que las fuerzas políticas comprometidas con la democracia y los derechos humanos, existentes en la coalición de Gobierno, no los dejarán en el olvido; y fundamentalmente tenemos confianza en nuestras propias fuerzas para exigir su cumplimiento.

Punto 4.-La principal amenaza a los derechos humanos proviene de un modelo económico, que transformó los derechos sociales en mercancías, encapsuló la democracia en un sistema binominal y que utiliza al Estado como soporte de negocios y a las FF.AA. y de Orden como guardia pretoriana de las grandes empresas. En lo puntual, vemos con preocupación la ofensiva de los poderes fácticos, que ante la presión del movimiento social y la tibia voluntad reformadora del Gobierno, amenaza con “crisis económica”, saca grupos de “defensores de la libertad de enseñanza” a la calle y frente a la fiscalización de casos como la Polar o Cascadas… amenaza con la reaparición de Patria y Libertad.

Punto 5.- Lo primero es establecer como piedra angular de las políticas de seguridad pública, que la violación de los DDHH sólo la realizan agentes del Estado a través de la negación de derechos, del abuso de poder, la violencia policial y la tortura de ciudadanos. Operadores políticos interesados en confundir a la opinión pública, frente a un Carabinero agredido por manifestantes o un transeúnte herido por una pedrada, gritan histéricamente que les están violando sus DD.HH. Cuando una persona natural agrede a otra, o atenta de cualquier forma contra miembros de la FFAA y otros funcionarios del Estado… se está en presencia de un delito común tipificado en los Códigos de justicia, los cuales consideran penas altísimas para los infractores.

Debemos impulsar un trabajo de educación en DD.HH. que nos permita defender con solvencia nuestras política y asesorar a otros (estudiantes, pobladores, trabajadores) en la defensa de su dignidad y derechos.

Debemos impulsar con más fuerza la recuperación de la Memoria histórica, de preservación de testimonios, desde la perspectiva de las de las luchas populares, para no caer en la victimización llorona, y transmitir nuestra experiencia a las nuevas generaciones. En esta perspectiva, se debieran realizar además Conversatorios sobre exilio e insilio.

Se plantea además la necesidad de crear y practicar instancias de solidaridad con los compañeros y compañeras mayores que están abandonados, practicando una solidaridad afectiva con ellos.

Comisión de Organización:

A) Articular y coordinar las organizaciones del Comando a nivel territorial, para apoyar y fortalecer la Mesa Nacional.

B) Contactar a los Ex PP no organizados o de organizaciones distintas al Comando (por ejemplo, Colectivos de Memoria), para informarles de las gestionesy sumarlos a trabajos territoriales.

C) Necesidad de confeccionar diagnóstico nacional sobre la realidad de las organizaciones de derechos humanos, Familiares de D.D., Ejecutados, Fallecidos, Ex menores, Usuarios PRAIS, retornados y sitios de memoria, para establecer o fortalecer el proceso de Unidad y Cooperación con todas las organizaciones afines, con miras a constituir un frente común capaz de exigir al Estado Verdad, Justicia, Memoria y Reparación.

D) Efectuar seguimiento permanente de nuestras reivindicaciones frente al Estado, a niveles nacional, regional y comunal.

E) Humanizar nuestras relaciones a través de la solidaridad y de la preocupación permanente con nuestros compañeros y compañeras más débiles y necesitados.

F) Generar y fortalecer vínculos de trabajo con organizaciones sociales, culturales, ambientales y de pueblos originarios, para defender los intereses populares.

G) Consideramos importante mantener informados a todos y todas las Ex PP, a través de correos electrónicos, redes sociales, y medios de comunicación masivos.

H) En cuanto a las reivindicaciones, respaldamos tanto la propuesta como lo obrado por la Mesa Nacional, que nos ha llevado a las puertas de una nueva ley y consideramos necesario informar a Municipios, Gobernaciones, Intendencias, parlamentarios y partidos políticos, a través de canales orgánicos y acciones coordinadas nacionalmente.

I) La formación de nuestra gente es vital, para poder ayudar y asesorar a otros, por lo que postulamos la creación y sistematización de un Código de DD.HH, que contemple Convenciones y Tratados internacionales y recoja las Leyes emanadas de las Comisiones Nacionales de Verdad y Reparación.

Comisión de Comunicaciones:

Esta comisión parte estableciendo que: SIN COMUNICACIÓN NO HAY MOVILIZACIÓN, Y SIN MOVILIZACIÓN NO HAY LEY DE REPARACIÓN. Reconocen los esfuerzos del Comando por informar oportunamente de las gestiones realizadas a través de los “Informes a las bases”, y del levantamiento de la fanpage: http://www.facebook.com/comandounitarioexpp que permite a cualquier persona interesada acceder a documentos, fotografías, informes y videos, y comentar lo realizado. Se pide difundir la existencia de esta Página.

Sin embargo, las urgencias por concentrar esfuerzos para sacar nueva Ley de Reparación, obliga a mejorar las comunicaciones con las bases territoriales y orgánicas, y a canalizar información relevante hacia la comunidad.

Por tanto proponen:

A) Generar coordinación nacional de comunicadores del Comando, que integre y canalice información “desde y hacia” comunas y regiones. Idealmente integrada por personas con habilidades y conocimientos en comunicación.

B) Generar catastro de medios de comunicación y colectivos de prensa popular, radios comunitarias, centros culturales y grupos sociales afines a nuestras propuestas para establecer redes que permitan canalizar información y posicionamientos.

C) Comunicar usando todas las tecnologías y medios disponibles, desde redes digitales, correos electrónicos, videos, prensa, radio, TV, hasta foros y “puerta a puerta”.

D) Vincular a usuarios de becas Valech, con las Federaciones estudiantiles, para establecer una relación concreta y permanente en relación a este tema.

Comisión Plataforma

Calificación

Partiendo del compromiso de la Presidenta, de establecer una Comisión Permanente, se requiere:

A) Adecuar criterios de calificación a la realidad concreta que afecta a las y los sobrevivientes, con el objetivo de facilitar proceso.

B) Plazo claro del proceso de calificación y obligación de fundamentar rechazo.

C) En caso de falta de documentación que acredite la calidad, escuchar lo que organizaciones tienen que decir al respecto.

D) Exigir trato digno y lugares apropiados.

Apoyo Jurídico

Que sea el Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior quien asuma la responsabilidad de facilitar apoyo jurídico a las y los sobrevivientes en lo que a querellas contra aprehensores y torturadores se refiere, dada su especialización en el tema.

Pensiones

A) Terminar con la incompatibilidad artificial de la Pensión de Reparación por prisión Política y Tortura, con la de Exonerados; y cualquier otra pensión que en derecho nos corresponde.

B) Acoger finalmente la propuesta del Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura (2004).

C) Heredabilidad al 100% de ésta, incorporando al viudo y conviviente con hijos.

D) De acuerdo a la Legislación internacional corresponde indemnizar por daño causado y lucro cesante, por día de permanencia en recintos estatales de detención.

Educación

a) Traspaso de la Beca Educacional, en los mismos términos ejercidos por los titulares de la Ley 19.992.

b) Que los hijos producto del traspaso, que tienen deuda, puedan acogerse a condonación.

Vivienda

a) Otorgar un subsidio especial y específico de vivienda para las víctimas calificadas que carecen de casa propia.

b) Liberar de la obligación de presentar Ficha de protección Social, por ser un tema específico de Reparación de acuerdo a estándares internacionales.

Secretismo

Derogar definitivamente el artículo de la Ley 19.992, que establece secreto para nuestros testimonios por 50 años.

Votos Políticos Acordados

    Apoyo solidarioa los presos políticos del mundo, y en particular con el compañero Jaime Castillo Petruzzi, recluido hace más de 20 años en Perú, con los miles de presos palestinos y los compañeros cubanos que aún están recluidos en EE.UU. Apoyar asilo en Chile para presos de Guantánamo.
    Apoyar con todas nuestras fuerzas la movilización estudiantil en contra del lucro y por una educación digna, gratuita y de calidad.
    Apoyar sin ambigüedades las luchas del Pueblo-Nación mapuche, por tierra y dignidad, y exigir la liberación de los comuneros presos.
    Apoyar las luchas contra la precarización laboral que libran miles de trabajadores a “honorarios” de la salud, y en general del aparato estatal.
    Sumarnos a la lucha por la recuperación de nuestras riquezas básicas hoy en manos privadas, principalmente la gran minería del cobre, que fuera nacionalizada en 1971, por el Gobierno de la Unidad Popular.
    Los pueblos deben decidir sobre las instituciones que los rigen: Nueva Constitución para Chile.
    Solidaridad para estudiantes y académicos de la Universidad ARCIS, que tratan de salvar su universidad.
    Exigir la DEMOCRATIZACIÓN de las FF.AA. y de Orden. No es aceptable que aún sean bastiones del pensamiento autoritario, antidemocrático y represor. Apoyar los esfuerzo por desmonumentar la Dictadura al interior de las FF.AA. Demandar cierre inmediato de la Escuela norteamericana de represores que opera en Con Con por ser un peligro para la ciudadanía movilizada y una clara violación de la Soberanía Nacional.

Valparaíso, 11 de septiembre de 2014

EQUIPO NIZKOR

http://www.derechos.org/nizkor/

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