Ecuador: Reporte sobre la investigación defensorial por la agresión a Defensoras de la Pachamama

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Reporte sobre la investigación defensorial por la agresión a Defensoras de la Pachamama en protesta contra el proyecto minero Río Blanco: SE ESPERA RESOLUCIÓN

Defensoras de la Pachamama en la entrada a la Defensoría del Pueblo, Zonal 6, Cuenca, Ecuador

El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama se encuentra a la espera de la resolución de la investigación defensorial CASO-DPE-0101-010101-209-2015-001168-EASU, abierta desde el 10 de noviembre de 2015 por la Defensoría del Pueblo (Zonal 6, Azuay), luego de que se aceptara a trámite la denuncia interpuesta por 8 mujeres de esta organización, debido a que fueron agredidas y detenidas en forma arbitraria, por la policía y agentes de seguridad, para impedir que protesten contra el megaproyecto minero Río Blanco. Este hecho se suscitó el 20 de octubre de 2015 en el Parque Central de Molleturo, durante la visita del Presidente Rafael Correa para inaugurar una obra de Ecuador Estratégico.

En la mencionada protesta pública y pacífica, las Defensoras de la Pachamama trataron de exhibir una pancarta con la consigna “Minería responsable, cuento miserable”, cuando fueron atacadas por la policía y agentes de seguridad política que les arrancharon la pancarta, agrediéndolas física y verbalmente, para luego sacarlas del Parque a la fuerza y detenerlas en una calle aledaña por más de 2 horas, violando así su derecho a la resistencia, libertad de expresión, opinión, reunión, manifestación, participación, integridad física, libre tránsito, entre otros, reconocidos en la Constitución ecuatoriana y tratados internacionales.

Frente a lo denunciado por las Defensoras de la Pachamama, el 20 de noviembre de 2015, el Intendente General de Policía de Azuay Ing. Luis Calle Peñaherrera, elaboró un informe por requerimiento del Gobernador de la provincia, en base al cual se solicitó “se archive el proceso iniciado”. En este informe el Intendente afirma que las manifestantes intentaron romper un supuesto cerco policial que se había instalado para impedir el acceso al Parque de Molleturo, y que más bien, las mujeres agredieron a la policía.

Se ha podido constar que no existe ningún otro documento de lo ocurrido ese día en Molleturo, ni siquiera un parte policial, como se indica en el “Informe Ejecutivo del Operativo de Control y Seguridad durante la Visita del Señor Eco. Rafael Correa Delgado Presidente de la República del Ecuador a la provincia del Azuay el día martes 20 de octubre de 2015”, elaborado el 31 de enero de 2016 por el encargado del operativo Crnl. Rubén Reyes Pacheco. 

Posteriormente, el 16 de marzo de 2016, el Intendente de Policía se presentó a rendir su versión dentro de la investigación, ratificándose en el contenido de su informe, y señalando además que la manifestación no fue pacífica pues las manifestantes procedieron a agredir a la policía intentando ingresar al Parque a “ofender al presidente”. Así mismo afirmó que no hubo detenidos. 

Esta misma versión fue sostenida por los jefes de la policía: Coronel Rubén Reyes Pacheco, Jefe del Distrito Cuenca Sur y jefe del operativo, así como por el Tnte. Coronel Juan Guerra Palacios, encargado del operativo en Molleturo, cuando se presentaron a rendir sus declaraciones el 16 de marzo de 2016.

Sin embargo, la policía no ha presentado ninguna prueba de las acusaciones que hace en contra de las denunciantes, por lo que las Defensoras de la Pachamama han contestado con sendos oficios dirigidos al Coordinador Defensorial Dr. Jorge Valdivieso Durán, señalando entre otras cosas:

“Que en nuestra calidad de Mujeres Defensoras de Derechos desde hace más de una década venimos desarrollando actividades públicas y pacíficas para la defensa y promoción de los Derecho Humanos, Ambientales, de Género y de la Madre Tierra. De igual manera acogiéndonos a lo establecido en la Constitución vigente sobre el derecho a la resistencia, a la libertad de opinión y expresión, de asociación, reunión, manifestación y participación, es pública nuestra oposición a que se desarrollen megaproyectos de minería en las zonas de páramo de Río Blanco y Quimsacocha, por los graves impactos que provoca la minería en los ecosistemas, las poblaciones, particularmente en las mujeres, y en los Derecho Humanos y de la Naturaleza…” 

“Que por nuestra labor como Defensoras de Derechos Humanos hemos sido blanco permanente de criminalización, represión y persecución por parte del Estado y gobiernos de Ecuador, siendo, en varias ocasiones violados nuestros derechos, y habiendo recibido agresión física y verbal por parte de la fuerza pública durante manifestaciones públicas y pacíficas. Es por ello que hemos venido denunciando constantemente esta situación en distintas instancias a nivel nacional, pero nunca hemos encontrado una respuesta positiva a nuestros reclamos, cuando se supone que el Estado y gobierno deben protegernos y dar las facilidades para que desarrollemos nuestra labor, de acuerdo a tratados y convenios internacionales que el país ha firmado y ratificado sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos.” 

“Manifestamos nuestra indignación absoluta y rechazamos rotunamente la contestación dada por la Gobernación del Azuay y el informe presentado por el Intendente de Policía, en donde sí se está faltando a la verdad y tergiversando los hechos…”

“El Intendente nos acusa directamente de realizar acciones violentas, es más, de agredir a la policía, pero no presenta ninguna evidencia que respalde sus declaraciones, quedando dichas acusaciones en simples enunciados carentes de valor jurídico, para lo que Usía Juzga.”

“¿Un grupo de mujeres adultas, la mayoría cercanas o ya de la tercera edad, podría pretender romper un supuesto cerco policial, con qué sabe qué intenciones?, según lo dicho en el informe de la policía. Definitivamente no, solo que sea un grupo de ancianas privadas de sus facultades mentales, “viejas locas” en palabras de la policía. Esta insinuación implícita en lo señalado por el Intendente en su informe es totalmente inaceptable para nosotras y constituye una agresión más de parte de la policía, ya que es la típica forma de estigmatizarnos y descalificar nuestra labor haciéndonos ver como personas que actúan sin sentido, agresivas y peligrosas. 

¿Puede un grupo de 8 mujeres adultas agredir a un enorme contingente de policías, entre hombre y mujeres, mucho más jóvenes, altas/os, fuertes, preparadas/os físicamente y mentalmente para atacar y defenderse de ataques, que incluso tenía escudos protectores, toletes, cascos, ropa especial de protección? Es realmente una vergüenza que se afirme tal cosa…”

“… el informe del Intendente con una versión totalmente fuera de la realidad, no tiene base legal, ni hace prueba alguna, pues no tiene respaldo, ni legal, ni lógico a la luz de los elementos fácticos acontecidos, lo que le resta total credibilidad.”

“Volvemos a recalcar que las versiones dadas por el Intendente y los oficiales de policía no se apoyan en ninguna evidencia material, ya que no existe ni siquiera un parte policial y no se ha presentado ninguna prueba a lo largo de este proceso de investigación. Nosotras en cambio hemos presentado fotografías, audios y videos que apoyan nuestras declaraciones y la de nuestros testigos, donde no aparece el mencionado cerco policial, pero si se puede ver claramente momentos en que la policía por la fuerza nos quita las pancartas que intentamos exhibir… También está registrado como ante nuestros reclamos por no dejarnos ejercer nuestro derecho a la protesta, fuimos agredidas junto con otros compañeros que nos acompañaban en esa manifestación…” 

“Los actos desplegados en contra de nuestra organización, profundizan la intolerancia al libre ejercicio de nuestros derechos, y sobresale la criminalización de nuestra libertad por ser Defensoras de Derechos, además al afirmarse que nosotras hemos agredido a la policía, lo cual, no es cierto, ni existe prueba de tal acusación, no es más que una calumnia que atenta en contra de nuestro derecho al buen nombre como mujeres organizadas.”

Respecto al informe del Intendente de Policía y las declaraciones de los jefes encargados del operativo, Lina Solano Ortiz, miembro del Directorio del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama dijo: “¿Cómo es posible que Mujeres Defensoras de Derechos seamos agredidas y detenidas en forma ilegal y totalmente injusta, y luego tengamos que soportar que en la investigación el Intendente y los jefes de la policía mientan de la manera más descarada, y lo que es más indignante, que digan que nosotras hemos sido las agresoras, continuado de esa manera las ofensas, estigmatizándonos y criminalizándonos dentro del propio proceso?”.

Por otra parte, dentro de esta investigación se ha podido tener acceso a la ORDEN DE SERVICIO No. 2015-1271-P3-SZA-1, la que contiene las directrices generales bajo las que la policía debía actuar en el operativo el día 20 de octubre de 2015, y respecto al que las Defensoras han presentado un oficio en el que entre otras cosas señalan:

  1. “El operativo preparado por la policía para el 20 de octubre de 2015 con motivo de la visita del Presidente Rafael Correa a Cuenca, según la Orden de Servicio No. 2015-1271-P3-SZA-1, establece en el numeral 2, correspondiente a la misión del operativo: “…mantener el control del orden público y seguridad del Sr. Presidente y de la ciudadanía en general.”, indiscutiblemente un objetivo definido en términos tan generales conlleva un amplio margen de interpretación, lo que a su vez se presta para que cualquier tipo de manifestación -por más pacífica que sea- pueda calificarse como un atentado al “orden público” o la “seguridad del Presidente”, y en base a ello justificar la actuación de la policía. Dado que no se define qué se entiende por “orden público”, consideramos que implícitamente el operativo le confiere a la fuerza pública la potestad de prohibir cualquier tipo de expresión de descontento hacia el gobierno.

Claramente el operativo estuvo diseñado bajo la premisa de que ocurrirían manifestaciones en contra del Presidente, y en tal sentido la policía tenía órdenes de repeler cualquier tipo de protesta, detener a manifestantes y documentar en video y audio pruebas que permitan su judicialización, tal y como lo establece la mencionada Orden de Servicio en el liberal “bb. El parte policial será elaborado por el miembro policial que procede a la aprehensión de las personas que se encuentre dentro de posibles protestas en contra del gobierno de acuerdo al formato establecido, de manera detallada y narrando la infracción si fue cometida en presencia de la Policía y en lo posible adjuntando pruebas o evidencias (fotos).” Y en el literal ”K:  Todas las acciones que articule la policía nacional dentro de todos los servicios involucrados serán documentadas, apoyadas en las operaciones de inteligencia mediante el registro de videos y audios que permitan establecer e identificar actores que trasgredan la ley penal, durante la permanencia del Sr. Presidente de la República” (el resaltado es nuestro).

Esta interpretación nos preocupa por cuanto ni en la Constitución vigente, ni en las leyes ecuatorianas, ni en la legislación internacional, se prohíbe que las ciudadanas y ciudadanos puedan expresar públicamente, en forma pacífica, ante cualquier autoridad (incluido el Presidente), su desacuerdo a políticas, prácticas o proyecto que afecten a la población. Impedir y criminalizar la protesta social y el reclamo, constituyen violaciones a los fundamentos y principios democráticos, los Derechos Humanos y de la Madre Tierra, más en un país que ha reconocido los Derechos de la Naturaleza, y cuyo gobierno se jacta de tener la Constitución más “progresista” del mundo.”

  1. “No hay que olvidar que en este operativo se actuó en forma violenta contra nosotras no sólo con el objetivo de arrebatarnos la pancarta de tela que exhibíamos y sacarnos del Parque y detenernos en una calle aledaña, sino que se vulneró flagrantemente nuestros derechos, pese a que no estábamos realizando actos en contra de la ley. Entonces, presumimos que esta actuación ilegal de la Policía está enmarcada en lo que establece la Orden de Servicio No. 2015-1271-P3-SZA-1, que señala en el literal “g.” “…acción de masa con el carácter netamente preventivo, aplicando el uso progresivo de la fuerza.”.

Nos preguntamos si dar golpes y patadas, lazar puñetes e insultos a las y los ciudadanos que ejercen sus derechos ¿es “uso progresivo del fuerza” con “carácter netamente preventivo”?

Conjuntamente se señala en la mencionada Orden de Servicio “uso progresivo de la fuerza, siempre y cuando sea estrictamente necesario” (literal “m.”, subrayado por nosotras), y más adelante en el literal “v.” se menciona expresamente que se “…evitarán el plagio de Funcionarios o personas comunes, la toma de instalaciones Públicas, la obstrucción de carreteras, el daño a la propiedad privada o pública.”. 

Entones, se clarifica con absoluta nitidez que nada justifica la actuación de la policía, pues nosotras no estábamos cometiendo ningún delito, ni de los mencionados, ni de ningún otro tipo, simplemente ejercíamos de forma lícita y pacifica nuestro derecho a la resistencia, a la libre expresión y opinión.

  1. “En este sentido, con mayor abundamiento de los propio derechos transgredidos, se vislumbra como voz definitiva que la policía no actuó bajo los principio de “…Derechos Humanos, Legalidad, Ponderación, Proporcionalidad y Responsabilidad…” como se señala en el literal “x.” de la Orden de Servicio No. 2015-1271-P3-SZA-1, sino más bien bajo la vieja política anárquica de impedir cualquier protesta contra el gobierno, por pacífica que ésta sea, lo cual es totalmente inconstitucional, antidemocrático y contrario a los Derechos Humanos y de la Naturaleza, patentizándose más bien los peligrosos niveles de intolerancia que creíamos haber desechado con la Constitución vigente, la cual establece en el Artículo 1 que: EL ECUADOR ES UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA…

El gran número de personal asignado para el operativo del 20 de octubre de 2015 corrobora lo que decimos: un contingente total de 436 efectivos, más 153 aspirantes de las Escuelas de Formación, según consta en la referida Orden de Servicio. Para el caso de Molleturo, alrededor de 100 policías, entre hombres y mujeres, a lo que hay que sumar el contingente militar, los agentes de seguridad y los policías que llegaron con la caravana Presidencial.” 

Con respecto a este documento de la policía, Lina Solano Ortiz acotó: “A ello habría que añadir la realización de sobrevuelos por parte de la unidad Aero-policial dispuesto en la Orden de Servicio, así como el uso de caballos y perros, con lo que Molleturo estaba totalmente militarizado ese día para hacer aparecer como que el Presidente tuvo un gran recibimiento y que todos están felices con el proyecto minero”. 

Por el inquietante contenido de la referida Orden de Servicio, las Defensoras de la Pachamama dirigieron el 2 de mayo un oficio al Dr. Ramiro Rivadeneira Silva, Defensor del Pueblo de Ecuador, para expresarle su más profunda preocupación “por la falta de garantías para el ejercicio de fundamentales derechos reconocidos en la Constitución vigente como son: el derecho a la resistencia, integridad personal, libertad de opinión, de expresión, reunión, manifestación, participación, entre otros…” , si la policía está desarrollando sus operativos de la misma manera en otros lugares del país. 

En esas circunstancias es claro para el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama que lo ocurrido el 20 de octubre de 2015 en Molleturo es una muestra más de los niveles de intolerancia del gobierno actual frente a las expresiones del descontento popular. 

Por ello toma mayor relevancia la resolución que emita la Coordinación Zonal 6 de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, siendo la institución que, por mandato constitucional, tiene que proteger y tutelar los derechos, además de que debería ser un ente activo en la protección de las y los defensores de los Derechos Humanos y de la Naturaleza. 

Es necesario que la resolución que adopte la Defensoría del Pueblo en este caso, siente un precedente a favor de las y los defensores de derechos y de la vigencia de la Democracia en el país, caso contrario continuará reinando la prepotencia y el abuso de poder, evidenciándose nuevamente que las y los defensores de los Derechos Humanos se encuentran en total indefensión en Ecuador. 

Comisión de Asuntos Jurídicos y de Protección del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama

¡POR EL DERECHO A DEFENDER NUESTROS DERECHOS Y A LA MADRE TIERRA!

________Ecuador_Defensoras__COMISION DE COMUNICACIÓN DEL FRENTE DE MUJERES DEFENSORAS DE LA PACHAMAMA

“POR EL DERECHO A DEFENDER NUESTROS DERECHOS Y A LA MADRE TIERRA”

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