Ecuador_Cuenca: Denuncian proyecto minero Río Blanco

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CARTA ABIERTA A LA CIUDADANÍA DE CUENCA,

A PROPÓSITO DE LA INAUGURACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO MINERO RÍO BLANCO

Cuenca de Guapondélig, 11 de agosto de 2016

Hemos conocido, por los medios de comunicación, de la visita del vicepresidente Jorge Glass a nuestra ciudad, programada para el día de hoy, con el propósito principal de inaugurar la explotación del proyecto minero Río Blanco, ubicado en la parroquia Molleturo.

Iniciar la explotación de Río Blanco tiene un carácter trágico por el desastre ambiental y social que la apertura de la mina supone, especialmente para las poblaciones ubicadas aguas abajo. Por tanto, Jorge Glass va a declarar inaugurada una tragedia. Ese es el verdadero significado del acto planeado para hoy, 11 de agosto de 2016, en Río Blanco. Así quedará registrado en la memoria de nuestra ciudad y provincia, con el vicepresidente Glass como su protagonista.

Hagamos un repaso de los motivos que tenemos para sostener lo dicho:

1) El proyecto minero Río Blanco, de la compañía china Junefield, ocupa un territorio de aprox. 6.000 ha que alberga humedales alto-andinos, páramos, lagunas, bosques primarios, una elevada biodiversidad en especies vegetales y animales, y las nacientes de varias cuencas hidrográficas, entre las que destacan Patul, Putucay, Migüir, Quitahuaycu, Chorro, Río Blanco, Canoas y Chacayacu. Para ser más precisos, el proyecto minero se encuentra dentro del bosque protector Molleturo-Mollepongo, intersecta con la zona de amortiguamiento del Parque Nacional El Cajas y está a pocos kilómetros del sitio arqueológico de Paredones.

2) La compañía va a extraer oro y plata mediante una mina subterránea, para lo cual removerá aproximadamente 800 toneladas de roca por día y operará por alrededor de 7 años. Para la etapa de beneficio, utilizará la lixiviación con cianuro.

3) Se prevé un considerable impacto sobre la cantidad del agua disponible en la zona, debido a la destrucción de los conductos de aguas subterráneas y a su relación con las aguas superficiales.

4) De igual forma, se teme un fuerte impacto sobre la calidad de las aguas, a causa de la acidificación por la elevada concentración de sulfuros en la roca y de la lixiviación de metales, especialmente arsénico, un elemento altamente tóxico, con una gran capacidad de dispersión. A modo de ejemplo, según el experto minero James Kuipers, quien analizó los documentos técnicos de Junefield, el agua que se descargará en la quebrada de Migsihuigsi no cuenta con el tratamiento apropiado para eliminar la acidez y el arsénico[1]. El análisis de Kuipers refrenda las conclusiones del los expertos del Instituto Francés de Investigaciones Geológicas y Mineras (BRGM).

5) Podría producirse una catástrofe por la ruptura de los diques de colas [residuos que quedan tras la obtención del metal]. Kuipers afirma que “debido a que se pretende almacenar las colas en la forma húmeda, el proyecto Río Blanco también tiene el potencial de resultar en impactos catastróficos tanto a nivel local como regional”[2] como los que ocurrieron en Mount Polley (Canadá, 2014) y en Samarco (Brasil, 2015).[3]

6) Los impactos sobre los suelos y su capacidad de retención de agua, y sobre la flora y la fauna también son considerables.

7) A petición del Frente de Defensoras de la Pachamama, en el año 2012, Mercedes Lu, experta de la Alianza Mundial para el Derecho Ambiental, analizó los estudios de impacto ambiental para la fase de explotación y beneficio (EIA) y emitió 28 observaciones, que no fueron respondidas por el Ministerio del Ambiente (MAE).[4] BRGM también advirtió sobre las debilidades de los estudios. El propio MAE, en el año 2013,  formuló 121 observaciones al EIA. Todo ello demuestra los vacíos y errores de los estudios. A pesar de eso, el MAE emitió la Licencia Ambiental para la fase de explotación y beneficio en noviembre de 2015 bajo el máximo secretismo.

8) En sus conclusiones finales acerca de los proyectos Loma Larga/Kimsacocha y Rio Blanco, Kuipers asevera que “debido a poca viabilidad financiera de ambas minas, y la falta de supervisión en cuanto al cumplimiento de regulaciones, junto a la clara presencia de características prevalentes  de drenaje ácido y lixiviación de metales, estas minas no deberían ser desarrolladas”.[5]

9) Según el Mandato Minero expedido por la Asamblea Constituyente, en abril del 2008, todas las concesiones mineras ubicadas en fuentes de agua, áreas protegidas y zonas de amortiguamiento y que no hayan respetado la consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas debían ser extinguidas sin compensación económica alguna. Recordemos que el proyecto Río Blanco está en fuentes de agua, se sitúa dentro del bosque protector Molleturo-Mollepongo, intersecta con la zona de amortiguamiento del Parque Nacional El Cajas y no pasó las consultas previas con las comunidades directamente afectadas. Había varias causales para haber extinguido esas concesiones, pero en el presente caso el gobierno ha obrado expresamente en contra de lo establecido por el poder constituyente.

10) En los 7 años que durará la explotación de la mina, el Estado recibirá, una cantidad insignificante[6] que no se compadece con los costos que supondrán la remediación de los efectos ambientales y que tendrán que ser sufragados por los ecuatorianos y ecuatorianas por medio de impuestos.

Junto con la explotación de los bloques 31 y 43 en el Parque Nacional Yasuní, la extensión de la frontera petrolera al sur de la Amazonía, la construcción de una mega-mina en la Cordillera del Cóndor, la subasta de alrededor de un millón de hectáreas para las actividades mineras y la legalización de las camaroneras en los manglares,  lo del Río Blanco muestra el verdadero rostro del gobierno de la revolución ciudadana en términos de derechos ambientales y derechos de la naturaleza. Lo que se está dando, que ha sido posible sólo pasando por encima de numerosas irregularidades constitucionales y legales, configura un delito ambiental de grandes proporciones.

Hacemos un llamado a los concejales de Cuenca a manifestarse públicamente, pero especialmente al alcalde Marcelo Cabrera. En una entrevista que sostuvimos el 13 de junio, el acalde nos manifestó que defendería el agua con su vida  y no permitiría que se desarrollen proyectos mineros que la afecten. Ahora le pedimos que se manifieste públicamente y exija la moratoria inmediata de los proyectos Río Blanco y Loma Larga/Kimsacocha mientras se realizan los estudios que el Municipio solicitó a las Universidades de Cuenca y del Azuay. Nuestros derechos al agua, a un ambiente sano, a la salud, a la alimentación y los derechos de la naturaleza, consagrados en la Constitución, están siendo violentados. A usted, señor alcalde, le compete la obligación de defenderlos.

Finalmente, hacemos un llamado a los ciudadanos y ciudadanas de Cuenca y de las poblaciones de las provincias de El Oro y Guayas que van a recibir aguas contaminadas, a organizarse y a movilizarse frente a estos actos del poder público que afectan nuestros derechos y los derechos de las futuras generaciones, acogiéndose al derecho a la resistencia, también estipulado por nuestra Constitución. Nosotros siempre estaremos cumpliendo nuestra obligación de alertar y de movilizarnos por el agua y la vida, junto con ustedes.

Con sentimientos de rebeldía y amor por la vida,

Yasunidos Guapondélig

Asamblea de los Pueblos del Sur

VER Y DESCARGAR CARTA EN PDF: https://es.scribd.com/document/320901072/Carta-abierta-a-la-ciudadania-de-Cuenca-a-proposito-de-la-inauguracion-de-la-explotacion-del-proyecto-Rio-Blanco

[1] Kuipers J, “Informe pericial sobre los proyectos Loma Larga y Río Blanco”, 2016, p 29: http://www.agenciaecologista.info/images/stories/kimsacocha/infor_peric_LomaLarga_RioBlanco.pdf

[2] Ibidem, p 35.

[3] Kuipers se refiere a dos catástrofes ambientales ocasionadas por la ruptura de los diques de colas en 2014 y 2015.

[4] Ver http://defensoraspachamama.blogspot.com/2012/09/oficio-al-ministerio-de-ambiente-sobre.html

[5] Kuipers J, “Informe pericial sobre los proyectos Loma Larga y Río Blanco”, 2016, p 38: http://www.agenciaecologista.info/images/stories/kimsacocha/infor_peric_LomaLarga_RioBlanco.pdf

[6] Según el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2010-2015, los ingresos totales al Estado serían de aproximadamente 90 millones de dólares.

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