Argentina: Terrorismo de Estado antes de 1976

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EL GOLPE Y EL TERRORISMO DE ESTADO COMENZO A CAMINAR ANTES DEL 24 DE MARZO DE 1976 DE LA MANO DE PERON. NUNCA ESTA ETAPA FUE INVESTIGADA A FONDO PORQUE PERON Y EL PERONISMO SIGUEN SIENDO MUY UTILES AL PODER LOCAL E INTERNACIONAL DOMINANTE.

PERON NO FUE EL SEPULTURERO DEL CAPITALISMO, SINO SU SALVADOR.

RECORDEMOS TAMBIEN A LOS MAS DE 1500 COMPAÑEROS ASESINADOS POR LAS “3A”PERON Y LA “3A”

Por Sergio Bufano
Revista Lucha Armada en la Argentina Nº 3, 2005

La vinculación entre Juan Domingo Perón y el accionar de la Triple A es uno de los episodios más controversiales de los años setenta. Para salvaguardar la imagen del líder o evitar responsabilidades propias, esta cuestión fue relegada por buena parte de la militancia y la historiografía peronista.

El siguiente artículo recupera episodios que echan luz sobre esta problemática. La memoria es una construcción social que necesita de insumos precisos (hechos, datos, testimonios, fechas, escritos) que requieren su correspondiente interpretación. Pero, como se sabe, esa interpretación variará de acuerdo con los intereses de los actores que asuman la tarea de analizarlos. En el marco de la multiplicidad de miradas, distintos sectores sociales intentan preservar su propia memoria y en muchos casos es prácticamente imposible hallar puntos de unión que concuerden en la significación de un suceso. Es entendible y legítimo que las madres de desaparecidos instalen a sus hijos en el sitial donde la heroicidad y la nobleza de ideales sean sus virtudes y desaparezca por completo todo lo que enturbie su recuerdo. Lo mismo ocurre con los hijos de la víctimas de la represión: la sublimación de sus padres asesinados por la dictadura militar es inevitable y probablemente necesaria. No hace falta decir que en el extremo del cinismo los personajes involucrados en la represión ilegal han construido un sentido supremo a su acción que justifica cualquier atrocidad. En el espejo en que se miran ven a nobles cristianos que impidieron el mal absoluto del comunismo. La memoria se convierte, así, en un instrumento que en la construcción histórica puede llegar a justificar el terrorismo de Estado, las prácticas políticas ilegales o cualquier otra actividad humana. En buena parte de los casos se intenta ganar la adhesión social a la propia memoria sectorial. ¿Cómo, entonces, se indaga en el pasado para reconstruir la historia y quiénes son los deben hacerlo? La única respuesta verosímil es que debe ser la sociedad desde sus múltiples expresiones la que asuma la tarea. Investigadores, organismos de derechos humanos, universidades, intelectuales y todos aquellos preocupados por sondear en la historia son los encargados de realizarlo. Pero sólo podrán hacerlo si existe un Estado que incentive esa búsqueda y que no retacee esfuerzos. El Estado debe estimular espacios para rever, discutir y legitimar esa tarea que finalmente deberá contribuir a formar una conciencia colectiva. La creación de la Conadep, el Juicio a las Juntas, la fundación del Museo de la Memoria en la ESMA y la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida son probablemente los ejemplos más elocuentes de una participación estatal que incide favorablemente en la reconstrucción de la historia. Hoy la mayoría de la sociedad –aún aquellos que con su silencio alentaron a los represores- saben que los militares cometieron atrocidades y han incorporado a su bagaje cultural valores que antes desdeñaban. Pero ¿qué ocurre cuando en la indagación de la historia se rozan íconos intocables, figuras emblemáticas ubicadas en el altar de próceres de la patria que deben ser protegidos de cualquier acto impuro? Ese es el dilema que se plantea con un protagonista crucial de la historia argentina:

Juan Domingo Perón. Derrocado por un golpe militar, proscrito durante 18 años, usurpados sus derechos políticos y ciudadanos y vilipendiado como pocos, Perón se convirtió sin embargo en el líder de una mayoritaria porción de la sociedad beneficiada por sus leyes sociales y castigada luego por gobiernos que impidieron que se expresara democráticamente. No resulta fácil, por lo tanto, criticar a esa figura-emblema de justicia social. Hay, además, un factor humano delicado y crucial: para alguien que gritó la vida por Perón puede ser muy doloroso enfrentar una imagen del líder que no sea la que se construyó en el imaginario social. No sólo porque estuvo dispuesto a cumplir con la consigna, sino porque fue testigo de que muchos la llevaron –con una generosidad sin límites- hasta sus últimas consecuencias.
El grito La vida por Perón debe ser ubicado en los distintos contextos históricos en que se proclamó. Voz de rebelión y demanda de justicia social desde 1955 en adelante, se convirtió a partir de 1973 en un grito que enfrentó a quienes intentaron darle un nuevo contenido, con los grupos más recalcitrantes de la derecha peronista, alentados por quien había sido el objeto de culto de la política nacional.
La llegada El 21 de junio de 1973, un día después de su arribo definitivo a la Argentina, Juan Domingo Perón pronunció un discurso a través de la cadena de radio y televisión desde la residencia presidencial de Olivos, cedida por el presidente de la Nación Héctor Cámpora. Evitando toda referencia a la matanza de Ezeiza del día anterior, el general llamó a todas las fuerzas políticas y al pueblo argentino a colaborar para “volver al orden legal y constitucional como única garantía de libertad y justicia”. Su discurso exhortó a una convocatoria “sin distinción de bander- ías” para la reconstrucción nacional y para “la paz constructiva”. Sin exclusiones ni sectarismos, Perón pidió que el pueblo contribuyera para alcanzar la máxima prosperidad. Fue un discurso generoso que pretendía la unidad de todas las fuerzas sociales en pos de un objetivo común.

Conciente de la situación nacional y de los conflictos en su propio partido dedicó, además, tres párrafos que en su transparencia no podían dejar lugar a dudas:

1- “Los peronistas tenemos que <…> neutralizar a los que pretenden deformarlo desde abajo o desde arriba. Nosotros somos justicialistas. Levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes <…>;

2- No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos lo que las veinte verdades peronistas dicen. No es gritando la vida por Perón que se hace Patria…”. Para que no hubiera equívocos en cuanto a quién estaba dirigido su mensaje, insistió una vez más: 3- “Los que ingenuamente piensan que pueden copar a nuestro movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado, se equivocan”. 1

A partir de ese momento las mismas palabras fueron repetidas una y otra vez, casi obstinadamente, hasta el día en que falleció. En la CGT, con estudiantes, con dirigentes de otros parti- dos, con asociaciones sectoriales, con periodistas nacionales o extranjeros, en la entrega de subsidios o en charlas personales, Perón machacó sin disimulo su mensaje. Nadie podrá reprocharle nada al respecto. Directo, sin eufemismos, volvió una y otra vez sobre el tema. Si alguna vez había elogiado a las “formaciones especiales”, eso era cosa del pasado; ahora se iniciaba una nueva etapa cuyo propósito era la armonía, la paz y la tranquilidad del país.

Luego de la renuncia del doctor Cámpora a la Presidencia de la Nación y la convocatoria a nuevas elecciones en las que el candidato era el general, el 3 de septiembre se refirió a la izquierda, las barricadas del Mayo francés y la guerrilla: “ La gente que quiere emplear la metralleta para <…> imponer también una voluntad que no es la voluntad que fija la ley; eso tiene un solo nombre: es un delincuente que hay que hacerlo tomar con la policía, para eso está la policía.” Sin embargo, atento a los enfrentamientos que se producían entre sus propios partidarios, durante la presidencia de Lastiri convocó el 8 de septiembre a las agrupaciones juveniles a la residencia de Gaspar Campos. Lo hizo, aparentemente, como un intento de conciliación entre las fracciones en pugna, aunque su mensaje fue dirigido única y exclusivamente a uno de los sectores.

Allí estuvieron presentes Eduardo Firmenich, Roberto Quieto y otros dirigentes en representación de Montoneros; Envar El Kadri por la Fuerzas Armadas Peronistas; Rodolfo Galloso, de Concentración Nacional Universitaria (CNU), Jorge Catterbetti, de la juventud Sindical Peronista y dirigentes de numerosos sectores juveniles violentamente enfrentados entre sí. La reunión se realizó en un clima cordial en el que Perón puso en juego toda su capacidad para armonizar la indisimulable animosidad entre los distintos agrupamientos. Allí estaba la ultraderecha vinculada a los sectores más ortodoxos del sindicalismo y la ultraizquierda que había usado sus armas –y volvería a usar muy poco después- para atacar a los máximos dirigentes sindicales.

Perón lo sabía y no se privó de enviar un mensaje otra vez manifiestamente unidireccional: el peronismo nada tiene que ver con el socialismo: “algunos quieren pasar de un sistema a otro sistema, cambiando el sistema. No, no; el sistema no se cambia. El sistema va a resultar cambiado cuando las estructuras que lo conforman <…> se hayan modificado. ¿Y cómo se modifican? Hay un solo camino <…> que es la legislación. No es de ninguna manera constructivo romper un sistema.” “…ustedes quieren hacer igual que Allende en Chile y miren cómo le va a Allende… Hay que andar con calma”. Inmediatamente, conciente del formidable peso que tenía cada una de sus palabras, felicitó al delegado de la derechista Juventud Sindical Peronista: “ese es el espíritu que debe impregnar a todos”. Finalmente, adelantándose a los hechos, Perón aconsejó “no jugarse en una aventura generacional y que puede conducir a un desastre. Un desastre en el que ustedes mismos se van a matar unos con otros <…> Eso es lo que hay que evitar”. El mensaje estaba claro y nadie podía confundirse. Toda referencia al socialismo quedaba descartada, todo cambio de sistema también era descartado, cualquier semejanza con el gobierno socialista de Chile debía ser desechada y sería la policía la que se ocuparía de los que usaran armas y trataran de provocar un cambio radical.

Es impensable que los dirigentes de Montoneros y de la Tendencia no entendieran que todo el discurso estaba dirigido a ellos y que el aval a las formaciones ultraderechistas era manifiesto por parte del líder. Si en el exilio Perón impulsó la existencia de grupos radicales de izquierda, con su retorno a la Argentina dejó en claro que no los iba a tolerar.

El 8 de noviembre de 1973, asumido como Presidente de la Nación, Perón concurrió a la CGT y puso en estado de alerta a los líderes sindicales acerca del peligro que amenazaba al Justicialismo. Primero, dijo, intentaron a través del terror, con fusilamientos y masacres; luego mediante la asimilación a otras fuerzas políticas a fin de absorber al peronismo. “¿Cómo se intenta hoy conseguir lo que no consiguieron durante veinte años de lucha? Hayun nuevo procedimiento:el de la infiltración”. Sin sonrojarse, Perón equiparó a los represores de 1955 con los Montoneros, diferenciándolos únicamente en el procedimiento. Este, el de Montoneros, era un nuevo procedimiento para destruir al justicialismo.

El Presidente de la Nación no habló, en esa oportunidad, de los grupos armados marxistas. Se refirió a quienes alejados de la doctrina justicialista intentaban imponer en el peronismo una patria socialista que estaba en las antípodas de su pensamiento. Pero con la certeza del dirigente político que conoce a sus huestes, agregó un concepto que muchos años después sería reconocido por los propios montoneros: “esto ha calado en algunos sectores, pero no en el de las organizaciones obreras”. Si de algo estaba seguro el Presidente es que los obreros nunca se plegarían a un proyecto que proponía la violencia revolucionaria cuando existía un gobierno democrático elegido por el 62 por ciento de los ciudadanos, deseosos de paz y justicia luego de años de dictadura y represión.

Mientras Montoneros insistía en torcer la voluntad del líder y recurría a la teoría del cerco para justificar los dichos del dirigente, Perón fue cada vez más explícito en sus discursos: “En la juventud peronista, en estos últimos tiempos, especialmente, se han perfilado algunos deslizamientos cuyo origen conocemos, que permiten apreciar que se está produciendo en el movimiento una infiltración, que no es precisamente justicialista.”

A medida que pasaban los días y el mensaje de Perón era desatendido por los montoneros, su cólera se fue incrementando: “¿Qué hacen en el justicialismo? Porque si yo fuera comunista, me voy al Partido Comunista y no me quedo ni en el Partido ni en el Movimiento Justicialista”. “Todos esos que hablan de la tendencia revolucionaria, ¿qué es lo que quieren hacer con la tendencia revolucionaria”.
Convencidos de la inevitabilidad del proceso revolucionario y de que finalmente torcerían la voluntad de líder a fuerza de movilizaciones masivas y acciones armadas, Montoneros se negó a escuchar los mensajes sumido en el más profundo autismo político. El epílogo es conocido: encolerizado por las consignas que lo cuestionaban a él, a su esposa y a sus colaboradores, el Presidente no ahorró insultos que obligaron a retirarse de Plaza de Mayo a la masiva columna de jóvenes decepcionados.

El otro costado

Hay, sin embargo, otra historia. Una historia paralela a los mensajes del líder. Porque si es necesario reconocer que Perón se cansó de proponer a los jóvenes que se sumaran al justicialismo como ala progresista, abandonando naturalmente el uso de la violencia, también es cierto que sucumbió a la tentación de estimular una maquinaria de represión que inició sus actividades antes de que asumiera como Presidente, continuó durante su gestión y mucho después de su muerte.

Él sabía que aunque Montoneros abandonara la violencia, los grupos revolucionarios marxistas nunca dejarían las armas. Ante todo, era un general formado ideológica y políticamente en el más riguroso anticomunismo y que conocía la historia de la Unión Soviética, China comunista y Cuba. No se le escapaba que “el cambio revolucionario de sistema”, como él lo llamaba, nunca sería abandonado por el marxismo que históricamente ha tenido la certeza de hablar en nombre de un actor: el proletariado protagonista de ese cambio. La tentación de combinar métodos legales de represión con procedimientos al margen de la ley fue demasiado grande para un Presidente que veía que su antiguo enemigo, el “comunismo” (ahora “comunismo” armado) había adquirido una fortaleza nada desdeñable. “Muchas veces me han dicho que creemos un ´batallón de la muerte´ como el que tienen los brasileños, -alegó diplomáticamente- o que formemos una organización parapolicial para hacerle la guerrilla a la guerrilla. Pienso que eso no es posible ni conveniente”, dijo en diciembre de 1973, cuando ya actuaba la Triple A.
Pero las instrucciones habían sido emitidas una semana antes de asumir como Presidente de la Nación. El Consejo Superior Peronista aprobó una “orden reservada” en la que se estableció claramente cómo serían las reglas del juego: “En las manifestaciones o actos públicos los peronistas impedirán por todos los medios que las fracciones vinculadas al marxismo tomen participación”. El punto 9 decía: “Medios de lucha. Se utilizarán todos los que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad”. Para los grupos de la ultraderecha peronista esa fue – aunque no la necesitaban- la luz verde para salir a matar.
En el plano cultural ya se había preparado el terreno para lo que vendría. Dos días antes de asumir Perón la presidencia se dictó el decreto 1774/73 por el que se prohibían alrededor de 500 títulos de literatura presuntamente subversiva.

Los autores previsibles de censura eran Mao Tse Tung, Lenin, Trotzky y Rosa Luxemburgo. Pero la represión cultural alcanzó a N. Ostrovsky, Así se templó el acero; Dugald Sterner, El arte en la Revolución; E. Troise, Anibal Ponce; y curiosamente a Eduardo Galeano, Jorge Amado y León Tolstoy. Entre los libros prohibidos se incluyó, seguramente por error, Estudios revisionistas, de José María Rosa, que en ese momento desempeñaba el cargo de embajador en Paraguay. El 4 de enero de 1974, con Perón como Presidente de la Nación, la Policía Federal allanó en Buenos Aires las librerías Fausto, Atlántida, Rivero y Santa Fe. Los empleados fueron detenidos y prontuariados por difundir libros tales como La boca de la ballena, de Héctor Lastra; Territorios, de Marcelo Pichón Riviere; Sólo ángeles, de Enrique Medina y The Buenos Aires affaire, de Manuel Puig. Todos los ejemplares fueron secuestrados.

Los refugiados chilenos:

El recelo de Perón hacia todo lo que fuera socialismo ya se había manifestado cuando el 11 de septiembre de 1973 un golpe de estado en Chile derribó al presidente socialista Salvador Allende. Faltaba un mes para que asumiera la Presidencia de la Nación cuando un grupo de 112 chilenos alcanzó a llegar a Ezeiza y solicitó asilo. Inmediatamente fueron rodeados por la policía y se les impidió salir del hotel, quedando en calidad de detenidos.
Los refugiados recurrieron en primer lugar al Presidente Lastiri y ante la falta de respuesta solicitaron a Perón mediante una carta –en su calidad de Presidente electo-, que les concediera asilo. El silencio fue la única respuesta de Perón. Los detenidos solicitaron entonces a la Justicia que se expidiera y el juez Miguel Inchausti hizo lugar a un recurso de amparo y ordenó su inmediata libertad, pero el gobierno justicialista no acató la orden judicial y dio plazo de 24 horas a los chilenos para que se fueran del país.
Peor situación fue la de 374 chilenos que se refugiaron en la embajada argentina en Santiago. Hacinados y con el salvoconducto de la dictadura listo para viajar a la Argentina, no fueron autorizados a hacerlo por el gobierno, a pesar de las denuncias realizadas por diputados y diplomáticos argentinos.
El 1 de noviembre el diario italiano Domenica dell´Corriere publicó una entrevista a Perón, ya Presidente, para interrogarlo sobre si otorgaría asilo político a los refugiados chilenos. “Por supuesto –respondió- (obraremos) de acuerdo con el derecho internacional. Pero también es cierto que serán confinados en Misiones, en el norte y en medio de la selva”.

En mayo de 1974, en ejercicio de la Presidencia, Perón recibió al dictador Pinochet y se convirtió en el único presidente constitucional de América que se encontró con el tirano, en el preciso momento en que el Estadio Nacional de Santiago de Chile era un campo de concentración en el que se torturaba y fusilaba a cientos de opositores. La excusa para justificar ese recibimiento fue el tratamiento sobre los hielos antárticos, pero es poco creíble que dos militares anticomunistas que afrontaban problemas con la izquierda en cada uno de sus países, se juntaran para hablar de cuestiones territoriales. En ambos lados de la cordillera la guerrilla y la represión paraestatal cobraba numerosas víctimas y el clima de violencia se acrecentaba día tras día.

Ese encuentro Perón-Pinochet fue el primer antecedente del Plan Cóndor que consistió en la colaboración interregional para la utilización de métodos ilegales de represión, claramente violatorios de los derechos humanos. Anteriormente ya se habían producido episodios de intercambio de prisioneros. 2 Esa política continuó en 1975, ya muerto Perón, cuando el canciller Vignes viajó a Chile y otorgó la Orden del Libertad a un miembro de la dictadura e invitó nuevamente a Pinochet para que visitara la Argentina.
En abril de ese año el gobierno argentino y el dictador firmaron declaraciones conjuntas y ratificaron el primer acuerdo Perón-Pinochet para que los servicios de inteligencia actuaran conjuntamente en la represión. Prosiguiendo con esa política de Estado, el gobierno justicialista se opuso en las Naciones Unidas a una resolución que condenaba al régimen chileno por las violaciones a los derechos humanos y que intentaba crear una comisión que investigara las torturas.

Decretos 1858 y 562:

Los ya famosos decretos que reincorporaron, y luego ascendieron, a dos policías federales que habían sido expulsados de la fuerza y que resultaron ser jefes operativos de la Triple A, señalan también una política de estado reñida con la ley.

El primero (Decreto 1.858) fue firmado por el presidente Lastiri el 11 de octubre de 1973, 3 vale decir, un día antes de que asumiera Perón la Presidencia. Por él se reincorporó al comisario Juan Ramón Morales y al subinspector Rodolfo Eduardo Almirón al servicio activo, nada menos que para ser miembros de la custodia del general.

El segundo lo firmó Perón el 18 de febrero de 1974, pasando a Morales a comisario inspector y a Almirón a inspector. Meses más tarde, Rodolfo Walsh denunciaría públicamente a ambos como los jefes operativos de la Triple A.

4 El 29 de enero de ese año el presidente designó subjefe de la Policía Federal y Superintendente de la misma fuerza a los comisarios Alberto Villar y Luis Margaride, respectivamente. Ambos eran responsables de la represión durante la anterior dictadura militar y autores de gravísimas violaciones a los derechos humanos.

En coincidencia con estos nombramientos, la Triple A difundió ese mismo día una lista negra de personalidades que debían “ser ejecutadas inmediatamente donde se las encuentre”. Algunas de ellas serían asesinadas en los meses siguientes. (Ver Cronología) Similar recompensa recibió el subinspector de la Policía Federal Carlos Benigno Balbuena, quien había sido detenido cuando intentó secuestrar al Cónsul soviético en Buenos Aires. Balbuena, indultado por el dictador Alejandro Lanusse en mayo de 1972, ascendido a inspector por el gobierno justicialista, había sido el fundador de MANO (Movimiento Argentino Nacional Organizado), una copia del MANO (Movimiento Anticomunista Nacional Organizado) centroamericano, autor de múltiples asesinatos en Guatemala.

Golpe en Córdoba

Pero la adopción de métodos ilegales fue claramente manifiesta un día antes de la designación de Villar y Margaride. El 28 de enero el teniente coronel Antonio Domingo Navarro asaltó a mano armada la Casa de Gobierno de Córdoba y apresó al gobernador Obregón Cano, a su vice, Atilio López, y a todos los ministros. Maltratados y amenazados de muerte, fueron trasladados y permanecieron secuestrados mientras Navarro se hacía cargo del Gobierno.

En esos episodios hubo muertos y heridos. Es imposible imaginar que el Presidente de la Nación ignorara que en la provincia mediterránea se iba a producir un golpe de estado. Nadie podía pasar por encima de la autoridad de un líder que no sólo tenía el aval del 62 por ciento de los votos, sino que se trataba ni más ni menos que del general Juan Domingo Perón, un hombre al que no le temblaba el pulso para ejercer su autoridad. Para deshacerse del gobernador le hubiera bastado apenas una sugerencia a Obregón Cano –un hombre leal al Presidente- y él hubiera renunciado a su cargo; pero el general dejó que se produjera el episodio para que fuera explí- cito que estaba dispuesto a recurrir a todos los métodos necesarios.
Fueron inútiles los numerosos pedidos de las fuerzas democráticas para que Perón condenara el episodio y restituyera a las autoridades legítimamente constituidas. El Presidente convalidó el atentado de Córdoba y tiempo después Navarro, acusado de sedición, privación calificada de la libertad, usurpación de propiedad y usurpación de autoridad, fue premiado con un cargo en el consulado argentino en Barcelona a través de un decreto reservado.

Frente a cada episodio, Perón negaba que se utilizaran métodos ilegales. A la periodista Ana Guzzetti, quien durante una conferencia de prensa le preguntó sobre la actuación de grupos parapoliciales y el asesinato de doce personas, recomendó públicamente que se la procesara. Y ella misma fue objeto más tarde de un atentado.

Retornamos entonces a la pregunta inicial. ¿Cómo indagar en la historia cuando al hacerlo desacralizamos la imagen que se ha construido sobre la figura de uno de los políticos más importantes de la Argentina, icono de un movimiento popular que trascendió el Siglo XX y se proyecta como uno de los principales protagonistas del Siglo XXI? No es una herejía mostrar el lado oscuro del líder.
En el contexto de una época compleja, Perón recurrió a métodos terroristas ajenos al mandato que la sociedad, ansiosa de paz y democracia, le había otorgado. Podría haber optado por la ley y probablemente el final de la guerrilla montonera o marxista no hubiera variado. Quien derrotó a las organizaciones armadas no fue sólo el terrorismo de Estado, sino también su propia ceguera, la de militantes que no supieron comprender que entre dictadura y democracia había una sustancial diferencia.
El Perón que desde el exilio había utilizado la política del péndulo entre izquierda y derecha resolvió de la peor manera la contradicción que él mismo había provocado. Y optó por un camino en el que pesó más su condición de militar que la de político. La elección de José López Rega y su consentimiento para que actuaran bandas paraestatales como instrumento para depurar a su movimiento y para derrotar al marxismo fue su peor decisión.

Hasta ahora –y esto es una deuda pendiente- no se ha elaborado un recuento de los crímenes cometidos por esas bandas desde 1973 hasta 1976. Algunas fuentes arriesgan desde 1.200 hasta 1.500 víctimas de matadores que hoy caminan libremente por las calles.

enviado por horacio1037@yahoo.com.ar
21.03.2017

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