Paraguay_Esther Leiva: Tres veces rebelde

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Esther Leiva: Tres veces rebelde

Reportaje/María Sanz

 

Esther Leiva es una de las voces más potentes en la lucha del campesinado por el acceso a la tierra en Paraguay, y por los derechos de las campesinas. A lo largo de décadas de militancia, ha enfrentado desalojos, persecución, detenciones e imputaciones. Ahora libra una de sus batallas más duras: un juicio por un presunto delito de corrupción que podría llevarla a la cárcel. Esther defiende su inocencia, y dice que siempre fue atacada por su condición de mujer, campesina y militante. Su caso se presenta como un emblema de la criminalización a la que se ven sometidas muchas defensoras de derechos humanos en América Latina.

Cuesta resumir a Esther Leiva en una frase. Porque, cuando habla, es como si hubiera miles de otras Esther habitándola. Cuando habla, Esther son varias.

 

—Soy una militante campesina, humilde, luchadora, madre de familia- se define ella.- También me han dicho siempre que hablo fuerte, que soy juru guasú.

 

Juru guasú significa literalmente “boca grande” en guaraní, la lengua que hablan la mayor parte de quienes viven y trabajan en el campo en Paraguay. La lengua que habla Esther, y que en su voz se vuelve puño, bandera, consigna. Cuando habla en guaraní, y las palabras le brotan exactamente como ella quiere, Esther se transforma en otra persona. Entonces habla más fuerte, con la clase de fuerza que tiene un megáfono en mitad de una manifestación. Esther es un altavoz. Por su boca desbordan los reclamos campesinos, de una forma en que no queda más remedio que detenerse y escuchar.

 

Esther dice también que es coherente, que es responsable. Que es pobre. Y que es mujer. Después, añade:

—No soy delincuente, no soy bandida, no soy corrupta.

Desde hace casi 14 años, Esther enfrenta a periodistas, jueces, policías y fiscales que se refieren a ella con ese tipo de calificativos. Para quienes ejercen el poder -político, judicial, mediático- en Paraguay, la boca grande y justiciera de Esther es una amenaza que conviene acallar.

 

La primera ocupación

Hubo un tiempo, sin embargo, en que a Esther le daba miedo hablar en público. También le daban miedo las noches en el bosque, y la idea de dormir rodeada de alimañas. Esther tenía 19 años y tres hijos la primera vez que participó en una ocupación de tierras. Estaba embarazada del cuarto.
Y estaba asustada.

 

—Cuando llegamos era todo bosque, y no había caminos. Al principio no teníamos casa. Con mi marido hicimos una estructura de madera, igual que una cama, pero con palos, y me subía ahí con los tres pequeños. Y yo le decía: “Lo tenés que construir más alto, porque yo tengo miedo de los animales”. Y me reía. Pero a veces, en la noche, nos avisaban de que iba a entrar la policía para desalojarnos.

 

Esther nació en el distrito de General Morínigo, a unos 211 kilómetros al sureste de Asunción, la capital paraguaya. Conoció a su marido a los 15 años, y se mudó con él al departamento de San Pedro (norte). La familia de su marido vivía cerca de la ciudad de Capiibary (unos 250 kilómetros al noreste de Asunción), y se dedicaba a producir alimentos para sobrevivir. A medida que Esther y su marido tenían hijos, empezaron a pensar en disponer de una parcela propia de tierras donde vivir, cultivar su comida y criar a los niños.

Pero, para Esther y su marido, pensar en reunir algún día el dinero suficiente para adquirir un terreno era una utopía. La suegra de Esther, que estaba vinculada a las Ligas Agrarias Cristianas -una organización campesina duramente reprimida durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989)- apuntó entonces una alternativa: ocupar tierras del Estado paraguayo y fundar en ellas un asentamiento. Era el año 1993.

 

—Estas eran tierras fiscales. Habían sido de un banco, pero estaban siendo transferidas al Estado paraguayo. Son 5.000 hectáreas de terreno. Entramos con compañeros y familias de otras zonas. Levantamos nuestro campamento, y desde ahí nos organizábamos, debatíamos, y llegamos a conquistar nuestro pedazo de tierra. Casi nueve meses estuvimos acampados frente al Parlamento paraguayo para reclamar estas tierras. Y después de cuatro años, logramos que se reconociera el asentamiento. Pero todavía hoy no se ha concretado la transferencia, las tierras están con problemas, y el Estado no puede hacer inversiones acá.

En las tierras no había caminos, ni viviendas, y mucho menos luz, agua, escuelas u hospitales. A lo largo de esa primera ocupación, Esther enfrentó amenazas, persecución y desalojos. Pero siguió participando en más y más ocupaciones porque, asegura, son la única forma en la que las comunidades campesinas han podido acceder a la tierra en Paraguay. Dice que esa lucha por la tierra, frontal, en ocasiones un combate cuerpo a cuerpo contra la policía, “da principios”. Con cada ocupación, Esther se daba cuenta de que la lucha por la tierra iba más allá de los límites de su terreno, o del asentamiento que iba a fundar. Ella luchaba por tierras para todos los campesinos, en todo el país.

 

—Cuando una persona tiene un pedazo de tierra, se conforma, porque ya se identifica como propietario, como terrateniente. Pero nosotros entendíamos que ése era solo un paso, y que después había que seguir luchando por la producción en el asentamiento. Y después teníamos otro desafío más, que era luchar por el país. La lucha por la tierra no es conseguir un pedazo de tierra, quedarse con la familia, y hasta ahí nomás. Para mí no era suficiente con conquistar diez hectáreas de tierra para nosotros. También hacían falta tierras para nuestros cuatro hijos. Y no solo para ellos, sino para los miles de criaturas que iban a necesitar tierras, y que necesitaban de nosotros. En la organización entendí que la lucha por la tierra era una lucha de clase.

 

A partir de este compromiso, la misma Esther que tenía miedo a las alimañas en los bosques paraguayos se convirtió en militante de base de su asentamiento, de su zona, de su distrito y de su departamento, hasta llegar a ser secretaria de la Mujer, secretaria de Relaciones y, finalmente, coordinadora general de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) en todo el país. Hablaba -fuerte- en las reuniones de base de las ocupaciones, repartidas ya por todo el territorio paraguayo. Pero también en las marchas campesinas, en las asambleas de la OLT, en las entrevistas con parlamentarios, en las radios, en las televisiones. Escalón por escalón, Esther se convirtió en una de las portavoces del campesinado. Era cada vez más visible. Y cada vez más perseguida.

 

Campesina y militante

Esther se dio cuenta de que enfrentaba un triple estigma: el de ser mujer, campesina y militante. Tres veces rebelde.

—En la sociedad paraguaya, nos dicen que las mujeres tenemos que callar, quedarnos en casa, y cuidar a la familia. Las mujeres tienen que reproducirse, casarse y ser vistas como esposas. Si salimos de esos roles, ya somos personas terribles. En las reuniones (de la organización) empezó a cambiar mi mentalidad. Me dije: “No, yo no puedo solamente reproducirme y criar niños, tengo derecho de decidir y participar”. Y decidí, como mujer y como campesina, no callar ante las injusticias. Solo por eso, ya soy criminal. Así es como me califican los caudillos políticos de mi zona.

Los cuestionamientos hacia su rol de mujer militante no solo los recibió Esther de parte de sus enemigos políticos. También tuvo que enfrentarlos en su propia familia.

 

—Me decían que por qué yo abandoné a mi familia, que me necesitaban también. Insistían en que tenía que tener más hijos, que cuatro eran muy pocos. Y yo sufría mucho, porque dejar a cuatro hijos en la casa y salir a militar es terrible. Pero mis hijos me comprendían.

 

Además, en sus inicios también fue cuestionada por parte de sus compañeros de organización.

 

—Yo era una militante joven, y al principio tenía que enfrentarme a que me dijeran que era muy linda, que era muy hermosa… y tenía que ganarme el respeto y la confianza de mis compañeros. A las mujeres nadie nos regala un espacio, tenemos que hacer doble y triple esfuerzo, y lo que conseguimos es con lágrimas. El patriarcado te da la oportunidad de participar, pero también te marca hasta dónde puedes hacerlo. Cuando una mujer quiere pasar a otro nivel, choca con todas las contradicciones machistas, y empiezan las barreras.

Por eso, a medida que fue avanzando en su empoderamiento, también empezó a reconocerse en el movimiento feminista, y a entrelazar sus reclamos con las reivindicaciones campesinas. Dice estar cansada del discurso, extendido en los sectores conservadores, de que el feminismo y la teoría de género –cuya enseñanza está prohibida en las escuelas públicas paraguayas– “destruyen a la familia”.

 

—Lo que destruye a la familia es el sistema capitalista, machista y patriarcal. Es la migración masiva, que viene por la falta de tierras, y que fuerza a que los padres o las madres tengan que irse a otros países por falta de oportunidades. Es la fumigación del campo con agrotóxicos, que hace que las familias se estén enfermando y muriendo. Es la falta de acceso a la salud gratuita, a la educación. Es la falta de ingresos para la agricultura familiar campesina. Pero acá lo que promueven los medios es instalar que es el género el que destruye a la familia, que somos las mujeres que defendemos nuestros derechos las que destruimos a la familia.

 

El inicio de la criminalización

Con el paso de los años, Esther logró vencer los prejuicios de su entorno y ser respetada en su organización. Pero entonces, empezó a ser criminalizada.

En 2004, militantes de organizaciones sociales y campesinas, entre quienes se encontraba Esther, protestaron contra la instalación de un silo para procesar soja en el departamento de San Pedro. Hubo arrestos e imputaciones. Esther fue imputada por “invasión de inmueble ajeno” unas veces, y por “perturbación de la paz pública” otras veces, unos tipos penales que los fiscales invocan con frecuencia durante ocupaciones en el campo y manifestaciones en la ciudad. El campesinado ya no solo era perseguido por políticos locales y agentes de policía, sino también por los jueces.

 

La mayor parte de las veces, Esther y sus compañeros recibían medidas alternativas a la prisión o quedaban como preso sambuku, como se conoce en guaraní a la libertad condicional. Esther fue imputada en al menos tres ocasiones. La última vez, un juez le advirtió:

—A la próxima, te vas derecha al Buen Pastor.

Se refería a la cárcel de mujeres de Asunción, la principal prisión femenina del país. Esther sabía que cada imputación dejaba un rastro en su expediente policial, pero no se detenía. Siguió liderando ocupaciones, protestas, marchas, discursos.

Y el 11 de julio de 2015, recibió otra advertencia.

 

En un polideportivo ubicado en un barrio acomodado de Asunción aguardaban miles de personas. En primera fila se sentaban el entonces presidente de la República de Paraguay, Horacio Cartes; su entonces vicepresidente, Juan Afara; y Mario Abdo Benítez, hoy presidente electo del país. En el escenario, el papa Francisco escuchaba las preguntas de los representantes de la sociedad civil. El tiempo estaba acotado, y solo hablaría un representante por cada sector. La representante del campesinado era una mujer que habló fuerte y en guaraní: Esther Leiva.

 

Comenzó pidiendo perdón por saltarse el protocolo. No hizo una pregunta: dio un discurso. Habló de la falta de tierras y de acceso a derechos básicos, como la salud y la educación.

 

—Acá hay problemas que no se pueden esconder del mundo entero- dijo Esther.

 

Habló durante casi cuatro minutos, y los aplausos la interrumpieron varias veces. Las cámaras que grababan el evento buscaron los rostros inexpresivos de Cartes, Afara y Abdo. Esther pidió a las autoridades que respetasen la democracia, y reclamó a la iglesia mayor colaboración con el campesinado y los pueblos indígenas. Ni el férreo protocolo que envolvía al pontífice, ni la presencia de los gobernantes parecieron intimidarla. Se bajó del escenario segura, convencida. Y alguien le dijo:

—Ahora tenés que estar preparada, porque se viene la carga. Vos sabés que la criminalización es fuerte, y ahora tenés que prepararte más, porque la gente del sistema te va a condenar.

 

Emergencia en el campo

Pese a las advertencias, la lucha de Esther no se detuvo. Tras su salida de la Organización de Lucha por la Tierra, Esther fundó en octubre de 2014, junto a varios compañeros, la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos (CTCU). La organización está presente en ocho de los 17 departamentos de Paraguay, y se centra en la defensa de los derechos de las mujeres, los jóvenes y los agricultores y agricultoras. Luchan por el acceso a la tierra, y por una reforma agraria que garantice el arraigo de las familias campesinas, unas buenas condiciones de vida y la posibilidad de desarrollo económico.

 

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En abril de 2016, la CTCU se unió a otras organizaciones campesinas en una protesta masiva en Asunción. Pedían la condonación de las deudas que los pequeños productores rurales habían contraído para cultivar algunos productos, como la chía o el sésamo, que nunca encontraron el mercado ni las ganancias que les habían prometido. Miles de campesinos de todo el país acamparon en la plaza junto al Congreso paraguayo durante más de 20 días, hasta que lograron firmar un acuerdo con el Gobierno para la condonación, reestructuración y refinanciación de la deuda.

 

Un año después, volvieron a movilizarse. Denunciaron que el acuerdo no se cumplía, y lograron que el Congreso aprobase una ley de subsidio a la deuda campesina. En agosto de 2017, Horacio Cartes vetó esta ley.

 

Esther fue una cara visible en estas movilizaciones. En pie en el escenario instalado junto al Congreso, motivaba a sus compañeros. Explica que, para estos productores, no hay posibilidad de liquidar el pago de una deuda. Cuenta que muchas familias asumieron en su momento un crédito para la producción por valor de quince o veinte millones de guaraníes (entre 2.600 y 3.500 dólares, aproximadamente), pero sus productos no lograron comercializarse, o no obtuvieron un buen precio.

 

Acusaciones de corrupción

En octubre de 2016, apenas medio año después de que los campesinos firmaran con el Gobierno el acuerdo para la condonación y reestructuración de la deuda, la Fiscalía imputó a diez dirigentes de organizaciones campesinas por el presunto desvío de 4.000 millones de guaraníes (unos 626.000 euros) de fondos del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), el ente encargado de la gestión de tierras públicas en el Gobierno paraguayo. En el listado de imputados aparecía destacado el nombre de Luis Aguayo, dirigente de la Coordinadora Nacional Intersectorial, que ejerció como portavoz de los campesinos en la negociación del acuerdo sobre la deuda con el Gobierno. También figuraba otro nombre vinculado a esas movilizaciones: el de Esther Leiva.

La imputación tenía que ver con unos fondos otorgados a diferentes organizaciones campesinas en 2011, durante el Gobierno de Fernando Lugo. Los fondos debían destinarse a proyectos productivos para la agricultura. Pero, según la imputación, el dinero fue desviado, y los proyectos nunca llegaron a ejecutarse.

Esther aparecía como representante de la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios, organización que recibió unos 1.000 millones de guaraníes (cerca de 158.000 dólares) para un plan de fortalecimiento de la agricultura familiar campesina en varias comunidades. Este plan incluía, por ejemplo, la compra de herramientas menores para el trabajo en el campo, y abarcaba a cerca de 1.500 familias. La lideresa campesina defiende que el proyecto se llevó a cabo tal cual había sido propuestado. Y cree que los fiscalizadores del proyecto actuaron de mala fe, cometieron irregularidades, y elevaron un informe que buscaba inculpar a los dirigentes campesinos.

 

—Los fiscalizadores fueron a las bases, preguntaban por el proyecto productivo, y la mayoría respondía que todo se ejecutó bien. Pero en Villarrica [centro de Paraguay], en lugar de entrevistar a los campesinos, hablaron con un caudillo político local, que les dijo que nunca se habían llevado las herramientas. En Alto Paraná [este de Paraguay, frontera con Brasil] preguntaron por la comunidad Naranjal, con la que habíamos trabajado. Los policías informaron de que no era una comunidad sino un distrito, y ellos [los fiscalizadores] hicieron constar que no había existido el proyecto. Hacían un trabajo sucio para elevar un informe que no era real. Nos acusaron por corrupción, aunque nunca tocamos ni un guaraní. Para nosotros está bien clara la cosa: es un camino de criminalización de los dirigentes.

 

Desprestigio y criminalización

 

La criminalización de la que habla Esther se ha convertido en una herramienta para hostigar, intimidar y acallar a personas que defienden los derechos humanos -entre los que figuran el derecho a la tierra, que implica entre otros el derecho a la vivienda y a la alimentación-. Lo dice un informe de Amnistía Internacional (AI) que reúne casos emblemáticos de persecución judicial a personas defensoras en Perú y Paraguay, y que se presentó en abril de 2018. El informe describe la “receta para la criminalización” que opera en estos países, y que busca “silenciar a quienes levantan su voz en contra de diversos abusos a los derechos humanos”.

 

La apertura de expedientes judiciales infundados, a través del “uso indebido del sistema de justicia para iniciar investigaciones” contra personas defensoras del derecho a la tierra, al ambiente y al territorio, es uno de los principales ingredientes de esa receta. La medida persigue mantener a estas personas bajo un proceso judicial, y “juzgarlas por delitos relacionados únicamente con el ejercicio de sus derechos humanos”, denuncia AI. Es lo que Esther afirma que sucede en su caso.

 

—Mi imputación no es una cosa del otro mundo. Todos los compañeros [dirigentes campesinos] que estaban en la época de [Fernando] Lugo fueron imputados. Yo sumaba a la causa en mi contra, porque salía a las calles, denunciaba la injusticia, criticaba a [Horacio] Cartes. Mi culpa más grande es que no quiero callar.

 

En paralelo al proceso judicial, Esther ha enfrentado una campaña pública de estigmatización y desprestigio, otro de los elementos que señala Amnistía Internacional en su informe como pilares de la criminalización.

“María Ester Leiva se presenta como defensora de derechos de labriegos. Sin embargo, según datos recabados, residiría en Villa Elisa, y está siendo investigada por supuesto desvío de dinero”, comenzaba, en julio de 2017, una noticia del diario ABC Color. Los “datos recabados” por el periódico referían a que, en su perfil de Facebook, Esther figuraba como residente en Villa Elisa, una localidad cercana a Asunción donde se encuentra la sede de la OLT.

 

Esther vivió desde los 15 años en Capiibary, pero en los titulares de los diarios aparecía como dirigente “campesina”, entre comillas, como si se pusiera en duda su origen. Ella recuerda el tono agresivo de una periodista que la entrevistó para la radio, insistiendo acerca de dónde tenía su residencia, como si ése fuera un aspecto que pudiera desacreditarla.

 

Diversas organizaciones sociales, tanto paraguayas como internacionales, afirman que, tras la masacre de Curuguaty en 2012, en la que murieron once campesinos y seis policías, pero por la que solo fueron investigados y condenados los campesinos, se ha acrecentado la criminalización de la lucha campesina en el país. La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay advierte, en su informe de 2017, de que la Fiscalía paraguaya lleva adelante una política que homologa las acciones que buscan exigir derechos con diferentes hechos punibles, lo que contribuye a criminalizar la protesta social.

Con esta preocupación coincide el relator especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Michel Frost, quien en su último informe (publicado en febrero de 2017) recomendó a Paraguay “adoptar medidas adicionales para proteger a los defensores de la reforma agraria contra los actos de intimidación y violencia”.

 

El precio que Esther está pagando por defender el derecho del campesinado a la tierra, y por expresar sus ideas sin censuras, es alto. La lideresa campesina está pendiente ahora de un juicio por la causa de corrupción en la que se encuentra imputada. Debe acudir a firmar al juzgado cada dos meses, y tiene prohibido abandonar el país. Aunque aún no conoce cuál es la pena que solicita la Fiscalía, ve la amenaza de la prisión en su horizonte. Y dice, otra vez, que no va a callarse.

 

—Nunca hice ni un desvío de dinero. Nunca traicioné los principios de la organización, ni lo voy a hacer. Siempre luché de forma coherente por un Paraguay mejor, porque es el sector campesino e indígena el más discriminado, excluido, explotado del país. El sistema quiere condenarme para dar un ejemplo a los otros, a mis compañeros de las organizaciones campesinas. Y yo estoy con un pie dentro de la cárcel. El golpe va a ser para mi familia, porque ellos están muy preocupados. Pero si voy a la cárcel…bueno, no hay problema. Igual, cuando salga, voy a seguir luchando. Mientras exista un problema social, voy a seguir trabajando con la gente.

 

Nota:
Este reportaje es fruto de un acuerdo de colaboración entre el Centro de Documentación y Estudios (CDE) de Paraguay y Pikara Magazine.

fuente: http://www.pikaramagazine.com/2018/10/criminalizacion-campesina-paraguay

Para saber más sobre Paraguay y el acceso a la tierra os recomendamos leer este reportaje: Una superviviente en la lucha por la tierra en Paraguay

Tambièn incluimos enlace al Documental “Tierra Arrasada”. Ganador del Primer Premio en el Festival de Biodiversidad en Francia, Roma en 2009

https://youtu.be/yt6Dr7p5qUs

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