Argentina: Basta de impunidad para torturadores y genocidas!

 

Comunicado de prensa – Justicia Ya La Plata

La Plata, 10 de junio de 2020

Desde el espacio Justicia Ya! repudiamos la nueva absolución de Juan José “Pipi” Pomares, asesino de la Concentración Nacional Universitaria, confirmando la decisión tomada en la sentencia del 29 de Noviembre de 2017.

La Concentración Nacional Universitaria (CNU) fue una patota parapolicial de la derecha peronista que, en los años previos a la dictadura, asesinó a decenas de militantes obreros y populares especialmente en La Plata y Mar del Plata. Muchos de sus miembros, después del 24 de marzo del 76, se integraron a los grupos de tareas genocidas.

El número de torturadores y asesinos que integraron la CNU supera ampliamente el centenar. Pero a más de cuarenta años de sus crímenes sólo hay trece procesados que serán juzgados próximamente. Salvo unos pocos muertos, el resto siguen vivos y coleando con impunidad. Algunos trabajan en el Estado y otros son profesionales de renombre. Casi todos tienen uno y mil lazos con el Partido Justicialista.

Nos llevó más de 40 años lograr que se juzgara a los genocidas de la Concentración Nacional Universitaria y llegamos al juicio en 2017 con solo dos imputados. Es parte de la estrategia que desde el espacio Justicia Ya! denunciamos hace años: causas desguazadas, parcializadas e incompletas enmarcadas en la política de derechos humanos del gobierno con juicios fragmentados, genocidas prófugos y revictimización de testigos. Política que llevó adelante también el gobierno anterior.

El proceso contempló 7 casos en 3 hechos distintos siendo que la banda de la CNU cometió en nuestra ciudad más de 60 homicidios, dejando muchos hechos que fueron parte del mismo plan criminal en completa impunidad.

El caso de Juan José Pomares es paradigmático. El “Pipi” (ése es su alias) fue uno de los más pesados de la patota. En su investigación, los autores del libro “La CNU, el terrorismo de Estado antes del golpe”, Cecchini y Elizalde Leal lo ubican en prácticamente todos los secuestros y crímenes comprobados. Sin embargo, hasta no hace mucho Pomares era un empleado privilegiado de la Legislatura bonaerense al servicio del Frente Para la Victoria. Varios años después de perpetrar crímenes atroces en sociedad con la Triple A y las fuerzas represivas estatales, a principios de los 90 el “Pipi” Pomares fue convocado para trabajar en el área de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Plata. Más tarde trabajó en la Legislatura provincial como “asesor” del bloque de senadores kirchneristas, cargo que conservó hasta un año después de ser detenido y alojado en el penal de Marcos Paz

Los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris luego de que la Cámara de Casación anulara el sobreseimiento y ordenara al tribunal por ellos constituido rever el fallo, volvieron a plantear el beneficio de la duda y una vez más argumentaron la invalidez de los reconocimientos fotográficos que realizaron los sobrevivientes, sentenciando una vez más la impunidad.

No es la primera vez que en el marco de este juicio el Tribunal tergiversa (o manipula) argumentos jurídicos para favorecer a los imputados. Cabe recordar que cuando la querella de Justicia Ya presentó el pedido de ampliación por otros hechos en los que los dos procesados estuvieron involucrados, los jueces no cuestionaron en ningún momento el contenido de nuestro planteo sino que se remitieron a cuestiones procedimentales del derecho, sin tener en cuenta que el Estado tiene el deber de resolver en un solo juicio todo aquello que se le atribuye al imputado si tiene a su disposición los elementos para hacerlo. Así, amparándose en razones de garantías de los imputados olvida el derecho de las víctimas al debido proceso

Ya nos tienen acostumbrados los jueces adictos a la impunidad de los genocidas a desconocer a las víctimas y por lo tanto a sus victimarios. Así actuaron en el juicio de La Cacha en el que resolvieron dar lugar a la ampliación por homicidios solo en dos casos de los 22 que solicitamos. Párrafo aparte merece el Juez Esmoris que tiene un largo derrotero en ser garantista de la impunidad, ya que ha aplicado arbitrariamente la realización de un nuevo cómputo de detención, vía artículo 7 de la ley 24.390 llamada del “2×1”, para los represores condenados Alejandro Duret en Mar Del Plata 2016 y Abel Dupuy, Ramón Fernández y Catalino Morel en La Plata en junio pasado, habilitando la posibilidad de liberarlos. Tal decisión ha sido debidamente repudiada en las calles de La Plata y, frente al mismo Esmoris, al final de cada audiencia de este juicio por familiares y organismos de Derechos Humanos.

Esta resolución del Tribunal tiene la clara finalidad política de desconocer la lucha que los familiares, querellantes, abogados, y organismos de DDHH nucleados en el espacio de Justicia Ya! hemos llevado a cabo a lo largo de más de 10 años en las causas de lesa humanidad en las que somos parte.

¡Si no hay justicia habrá escrache!

Integrantes de Justicia Ya! La Plata: Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); HIJOS La Plata; Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Colectivo de Abogad@s Barriales La Maza; Colectiva Feminista Las Azucenas; Asociación Anahí

enviado por exdetenidosdesaparecidos@gmail.com


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