Argentina: Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)

 

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En el Enredando las Mañanas del martes 14 de mayo, dialogamos con la abogada María del Carmen Verdú, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). La comunicación giró en torno a la implementación de las pistolas Taser, y el retroceso que significa esto en materia de derechos humanos.

“Hace más de 15 años que venimos discutiendo este asunto de las pistolas Taser porque han sido varios los gobiernos que han querido implementarlas en distintas etapas”, comenzó diciendo Verdú y continuó: “Lo primero que a mí me interesa destacar es que cuando introducen el tema con el argumento del arma no letal tenemos que decir que eso es una categoría inexistente. No hay una categoría de armas no letales. Si es un arma, por definición, puede ser letal depende de cómo se utilice”.

En este sentido, la abogada apuntó que existen variados ejemplos de personas muertas por la manipulación de este tipo de armas. Quizás el ejemplo más emblemático sea Carlos Fuentealba, el docente asesinado en Neuquén por un cartucho de gas lacrimógeno, y no por una bala de plomo.

“Lo mismo podemos decir de los bastones, que son el arma típica de la tortura a través del apaleamiento en lugares de detención, como el caso de Rodolfo Fito Ríos, en la cárcel de Caseros, o como Diego Gallardo en la Comisaría Tercera de Avellaneda”, agregó.

La referente de CORREPI explicó este tipo de pistolas son una herramienta que provoca una descarga eléctrica sobre el cuerpo de una persona, lo cual supone la implementación de la tortura. Es decir que las fuerzas de seguridad pasan a ser poseedoras de una herramienta de tortura legal.

Verdú citó además informes de la Universidad de Indiana en Estados Unidos, donde se recopilan alrededor de mil casos de personas que murieron como consecuencia de la recepción de descargas eléctricas con pistolas Taser. Y agregó que la medida no se puede dejar de vincular con la legitimación del gatillo fácil a través de la Resolución 956 y a la reforma del Código Penal que ya está en el Congreso.

Con respecto a las jurisdicciones y a las fuerzas que las van a usar, destacó que la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación se dirige a las fuerzas federales, pero ya han salido varias provincias a indicar que las implementarán también. Mencionó la provincia de Chubut, donde el Gobernador ya ha anunciado la compra más grande que se ha realizado en todo el país. En Mendoza ya se están aprovisionando también. Vidal en Buenos Aires no se va a quedar atrás y mucho menos Rodriguez Larreta con su Policía de la Ciudad.

“Preparémonos para ver las Taser en todo el territorio nacional y tener una nueva instancia de situaciones con muertes, con lesiones gravísimas a partir del uso generalizado de esta herramienta de tormento”, advirtió.

Consultada por la grave situación en materia represiva que se está viviendo actualmente, Verdú realizó una caracterización lapidaria: “Claramente el Gobierno de Cambiemos ha ingresado en lo que se puede calificar técnicamente como Estado de excepción con suspensión de derechos y garantías a las personas. Esto lo vemos en las medidas del Ejecutivo, los Poderes Legislativos y el Poder Judicial en relación a la represión, el control social, las barriadas populares, con la legalización del gatillo fácil, la militarización de los barrios, el auge de las detenciones arbitrarias, la averiguación de antecedentes o las faltas y contravenciones”.

Además añadió que hay un crecimiento exponencial de las imputaciones por resistencia a la autoridad, que es el gran caballito de batalla para justificar la detención injustificable por otra vía, cuando además se ha ejercido violencia sobre la persona detenida. Y por supuesto queda en evidencia en todo lo que tiene que ver con la represión a la protesta social, al conflicto, a las movilizaciones de trabajadores y trabajadoras.

Cabe destacar en este sentido la experiencia del estudio que hicieron en conjunto CORREPI y la RNMA, en la causa contra la Polícía Metropolitana, en la que dispararon balas de plomo en el desalojo de la sala Alberdi el 13 de marzo de 2013. En esa oportunidad se logró llevar a juicio y condenar a Pereira de la Rosa. Allí existió la posibilidad de analizar, con el trabajo de imágenes que hicieron desde la RNMA, la lógica del despliegue bélico en el territorio de los Cuerpos Especiales de la Policía Metropolitana.

Hoy la Policía de la Ciudad, por un lado, replica este modelo de desplazamiento territorial en las movilizaciones y protestas. Y por el otro lado, en el control territorial cotidiano de los barrios, el patrullaje de todos los días y la militarización han tomado lo peor de la Policía Federal. Hoy la Policía de la Ciudad exhibe uno de los índices más elevados del país en materia de hechos represivos.

Por último, destacó la necesidad de fortalecer la organización popular: “Hay que dar la pelea en todos los frentes y con todas las herramientas disponibles. Estamos obligados a poner el acento en la necesidad de la organización popular, la lucha organizada y en las calles”.

 

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