Periódico «Lucha Indígena» Nro 198 Febrero 2024

Boletín N°198, Año 18

Editorial

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La justicia liberal, la que ejercen los estados y el poder económico desde sus tribunales, está basada en la violencia. No hablamos solamente del aparato represivo policial, el monopolio del uso de la fuerza o el mecanismo de estados de emergencia extendidos hoy hasta ya haberse convertido en la normalidad en toda Abya Yala. Sino también hablamos de la violencia estructural propia de los estados como instituciones garantes del orden económico. Esa violencia es la ley y el rol del estado es el dador y el ejecutor de esa ley, siempre a favor de las empresas, las mafias, los cárteles y cualquiera sea el actor, local o global, que genere ganancias que repartirse.

Seguro serán los siglos de opresión que nos impiden nombrar sin titubear la maquinaria de muerte que son el capitalismo y el extractivismo. Seguimos hablando de grupos o mafias que han secuestrado el aparato del estado como si el actuar mafioso no fuera una de sus características principales; seguimos exigiendo respeto de la voluntad popular en las elecciones mientras todos los ministerios actúan de espaldas a las necesidades de la población; seguimos pidiendo nuevas constituciones y consultas previas ante parlamentos que responden a lobbies empresariales y, cuando ya nos han encerrado por protestar, cuando ya nos han matado por enfrentarles, entonces seguimos dando vueltas afuera de sus tribunales pidiendo justicia a quienes se regodean pesando sus riquezas con una espada en la mano y una venda en los ojos.

Hoy que las bombas caen sobre el millón y medio de palestinos sobrevivientes aplastados contra la frontera de Egipto, está claro que la Corte Internacional de Justicia es una ventanilla más de la misma política criminal que deja libres a asesinos y narcos locales usando la misma retórica: no hay pruebas, hay que seguir el procedimiento, habría, debería, tendría…

Pararán la guerra cuando el negocio tenga su continuación en la paz. No antes. Después de todo la guerra, condición del sistema, tiene muchos frentes.

En Rojava, el estado turco bombardea desde aviones no tripulados, mata niños y destruye el suministro de agua, de electricidad y los hospitales de la resistencia kurda. ¿Por qué? Porque se atrevieron a desear una justicia sin vendajes, con verduras en las manos en lugar de una espada. Cuando el que ataca es el estado, la justicia no necesita ni siquiera fingir.

Y mientras en Gaza se gastan 220 millones de dólares por día, al dirigente kishwa Quinto Inuma Alvarado lo mataron por 1000 soles en la amazonía peruana. ¿Por qué? Por defender su territorio de la minería, de la tala y el narcotráfico. Quinto había señalado a quienes lo matarían, pidió protección y apoyo para resguardar su comunidad. La justicia, la policía son parte de esa estructura que condena al que se opone a su progreso.

Los mapuche asisten, sobrepasados por las maquinarias y la policía, a la destrucción de sus hogares, sus cultivos, sus lugares ceremoniales. La ley se ha mejorado a favor de los históricos usurpadores de la tierra: las forestales, los terratenientes, la agroindustria. Ahora tienen prohibido acercarse a los pedazos de tierra que recuperaron para sobrevivir. Los que poseen miles de hectáreas ríen junto a la policía. No conversan con la gente porque no tienen argumentos frente a la verdad y la historia, les basta tener la ley.

Otros intereses económicos, igual de despiadados, han asesinado las fuentes de vida naturales y culturales de la gente en Valparaíso, Viña del Mar y Quilpue. Y claro, no se puede probar ante la ley lo evidente, aunque haya antecedentes y testigos: este megaincendio fue provocado para desplazar a los barrios populares precarizados por el estado en beneficio del cártel del fuego, las inmobiliarias y las mega infraestructuras para sus planes extractivos del futuro. Están en guerra contra los que ya no les sirven. Asesinan a los por venir.

Y ese es el gobierno de izquierda que se tragó la esperanza que cocinaron las estudiantes que iniciaron el estallido social saltándose los controles del metro de Santiago el 2019.

La ley manda encarcelar a los defensores de las aguas y los lugares sagrados que está destruyendo el tren militar del gobierno “transformador” de López Obrador; la ley manda encarcelar a quienes rechazan las medidas de ese siervo de la casta en Argentina que es Milei. Mientras que ahora la dictadura en el Perú podrá despedir a los maestros que hablen en contra de la constitución política que ellos han rehecho a gusto de la CONFIEP, la Sociedad de Minería, el Narcotráfico y otros. La ley  es de quien la financia.

Los agricultores de 25 de los 27 países que conforman la Unión Europea se encuentran bloqueando los caminos, sin respuesta. Esperan que se cambie la ley que favorece a las grandes cadenas y a los gigantes de la agroindustria. Las subvenciones y ayudas son insostenibles para los estados europeos también en un continente donde el estado de bienestar agoniza.

El agotamiento de los combustibles fósiles (o su poca rentabilidad, que para el capitalismo resulta equivalente), el cambio climático, la franca guerra por el control de “los recursos” suponen una agudización de la militarización, el militarismo, la política criminal y la destrucción de los territorios indígenas. En la medida que asumamos a los estados como lo que son, agentes de control al servicio del extractivismo y entendamos que la justicia no es que tardará, es que realmente nunca llegará de mano de la justicia estatal, cuando asumamos todo eso entonces se ampliarán nuestras posibilidades de resistir, de permanecer, de ser.

“No hay un pueblo que viva así nomás, que exista sin lucha” nos aclaró la waysam del gobierno territorial awajun Natut Micaela. “Es crucial la autodefensa como dimensión de la vida…reunirse y educarse más allá del poder, el estado y la violencia,” nos aconsejaron las compañeras kurdas de la Academia de Modernidad Democrática. “Sin territorio no somos nada,” nos advirtió la capitana pemón Lisa Henrito.

La palabra de estas mujeres sopla en dirección a la vida. Sigámosla.

periodico@luchaindigena.org

fuente: https://luchaindigena.org/la-justicia-contra-los-pueblos/

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